Las operaciones de la Policía con la captura de delincuentes en Colombia y en la región  no necesariamente conducen a la salida de los mismos de las calles por las condenas en su contra.

Lo anterior porque la congestión judicial, los vencimientos de términos, la violación de la detención domiciliaria y las consabidas y conocidas fallas del sistema carcelario.

Esos males recurrentes, reconocidos y sobre los cuales no ha logrado aplicarse las medidas efectivas y necesarias para conjurarlos, tienen muy preocupados a los alcaldes de las ciudades capitales.

Ocurre que ahí se abre una grieta para el mantenimiento de la seguridad ciudadana que enfrenta desafíos como consecuencia del disparo de delitos como el homicidio, el atraco callejero, el fleteo, la extorsión y el secuestro en sus diversas modalidades.

A las cifras del crecimiento de esa clase de acciones delictivas se suman cientos de víctimas que son afectadas por esa oleada criminal en las áreas urbanas, en que los habitantes reclaman mayores acciones en contra de los delincuentes.

Pero lo cierto es que no solamente se trata de sacar más policías a las calles, sino de contar con una administración de justicia robusta y fuerte para lograr la aplicación de la misma. 

Los alcaldes siguen insistiendo en reformas para que desde el la institucionalidad y la aplicación de los códigos se envíe el claro mensaje de que el crimen no paga y que la mano de la justicia los alcanzará donde se encuentren.

Para que eso sea cierto, el planteamiento es que se hagan cambios legales y haya una  mayor financiación para la administración de justicia con el fin de que pueda superar los problemas de congestión y de falta de personal y de equipos para poder avanzar adecuadamente en la resolución de los expedientes respectivos. 

Los mandatarios locales precisan que el reclamo no es contra decisiones individuales, sino contra un sistema que no logra mantener fuera de las calles a quienes representan un riesgo para los ciudadanos.

Pero como en el debate es requerido escuchar otras voces, el subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, Andrés Pérez Velasco, el punto no es únicamente endurecer las penas.

“Quizás no deberíamos castigar más, sino castigar mejor”, es el planteamiento del experto, que deja esa opción sobre la mesa para el análisis y examen requerido, para determinar los pro y los contra. 

Dicha sugerencia expone revisar qué delitos realmente requieren cárcel, mejorar los controles sobre las medidas alternativas y fortalecer la capacidad institucional para hacer seguimiento.

Pero hay más inquietudes no atendidas, como aquellas relacionadas con el beneficio de la casa por cárcel y el asunto específico de los brazaletes, que en ocasiones son alterados, asuntos estos que también necesitan precisiones.

La ciudadanía espera que los candidatos presidenciales hagan una clara exposición sobre este punto, porque debe insistirse que la seguridad es de carácter integral y no todo se remite a la parte operativa.

La impunidad necesita  ser derrotada porque permitirla constituye un mal ejemplo para los criminales y una amenaza contra la vida y la integridad ciudadana.

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