A raíz de un reciente editorial de La Opinión sobre el desastroso funcionamiento de las EPS en Cúcuta y en todo el país, la Superintendencia Nacional de Salud nos envía un informe sobre lo que ha sido la gestión de vigilancia, supervisión y control del actual gobierno en esas entidades.

En desarrollo de sus funciones, la Supersalud ha liquidado, revocado y sacado del mercado a 11 EPS por las más variadas razones: indicadores financieros muy deficientes, por lo que acumulaban cuantiosas pérdidas, deterioro de su patrimonio y altísimas carteras con sus redes de prestación de servicios.

Venían también poniendo en grave riesgo la atención a sus usuarios y algunas se volvieron ”campeonas”, en palabras de la Superintendencia, en no responder las quejas y reclamos de las autoridades ni de los pacientes. Ni siquiera les paraban bolas a las acciones de tutelas. Tres EPS fueron revocadas en departamentos donde registraban los peores desempeños. Diez y seis hospitales están intervenidos.

La Superintendencia profirió 1.149 sanciones con multas de más de 161 mil millones de pesos  por infracciones de los vigilados y tiene 920 investigaciones en curso.  

El país tiene hoy en funcionamiento 35 EPS y de ellas 14 bajo medidas de vigilancia especial.

Indica la Superintendencia que gracias a sus acciones, hoy 6.4 millones de usuarios en 26 departamentos del país han visto mejorar el acceso a los servicios de salud.

Señala igualmente que si se mira el indicador de patrimonio adecuado de las EPS, se encuentra que el déficit acumulado hubiera subido de 8.5 billones de pesos a 11.5 billones en tres años. Con estas medidas, ese déficit es hoy en día de 4,4 billones de pesos. Las cuentas por pagar mostraban una tendencia a aumentar. La intervención del Gobierno permitió frenar esa tendencia y hoy se mantiene en 15.8 billones. En un escenario sin liquidaciones el valor de cartera por parte de las EPS sería de 20.7 billones de pesos.

Hace tres años las EPS debían 315 mil pesos por cada afiliado. Hoy, esa deuda per cápita sería de 497 mil pesos, sino hubiera sido por la intervención de la Superintendencia.

Apreciamos los esfuerzos y las gestiones de la Superintendencia para mejorar el funcionamiento de las EPS en Cúcuta y el país. Pero es necesario hacer más pues la inconformidad y el reclamo de los usuarios también son cada día más. ¿Por qué no obligar a las EPS a tener una sede central adecuada y no los múltiples garajes en que vienen funcionando? ¿No es posible implementar su sistema para atender en forma oportuna a los pacientes? ¿Hasta cuándo se necesitarán tres, cuatro y hasta cinco meses para la atención de un especialista? ¿Es imposible la entrega completa de los medicamentos a los pacientes? ¿Por qué no se les puede atender y llevarlos hasta su residencia o domicilio?

A los usuarios se les descuentan cuantiosas sumas de sus nóminas y pensiones para que se les atienda en la forma debida. No son mendigos ni pacientes de caridad.

Según el informe de la Supersalud, en los últimos 3 años se dictaron  8.279 sentencias, la mayoría de ellas (7.391) ordenando entregar a los usuarios sus medicamentos, autorizando procedimientos y garantizando cirugías vitales que requerían. Esperamos que en el próximo informe nos anuncien la buena nueva de que para estos procedimientos no se requieren ya más acciones judiciales, sentencias y tutelas.