Actualmente, 13.126 menores de edad viven con cáncer en el país, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo que reclamó prioridad para el suministro de 56 medicamentos pediátricos para dicha población.

Las dificultades para la entrega de las medicinas de alto costo requeridas para que los niños que padecen esta enfermedad -en sus distintas manifestaciones- no sucumban o empeoren su estado de salud.

Lo peor del caso es que la prevalencia de esta enfermedad aumentó un 125 % entre 2019 y 2024, pero eso no pareciera importarle al sistema de salud colombiano que en medio la grave crisis que lo golpea, no ha tomado las medidas para resolver esta dificultad en el campo de las medicinas .

Estas cifras reflejan no solo un desafío sanitario creciente, sino la urgencia de adoptar medidas estructurales que garanticen continuidad en los tratamientos, disponibilidad permanente de medicamentos y rutas de atención claras y supervisadas, es la consideración de la Defensoría del Pueblo.

Pero la anterior notificación no puede seguir quedándose en el papel. Al Ministerio de Salud, las EPS, el Congreso de la República y la Superintendencia de Salud, por ejemplo, les corresponde asumir una acción responsable dirigida a superar definitivamente ese grave inconveniente, que ocasiona delicadas consecuencias.

En este caso específico de los niños con cáncer, el llamado de la Defensoría necesita ser urgentemente atendido, puesto que denuncia hechos graves como la fragmentación en los servicios, las autorizaciones tardías y la entrega incompleta de medicamentos, que en últimas siguen poniendo en riesgo la vida de la población paciente más vulnerable.

Será que lo siguiente que fue expuesto por la entidad defensora de los derechos humanos caerá en saco roto. Y,  si es así, ¿podrá convertirse en una vía  hacia acciones de carácter penal, disciplinario y pecuniario contra quienes  hagan oídos sordos frente a lo que está sucediendo?
Se trata de un llamado al Ministerio de Salud  y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para priorizar 56 fármacos pediátricos esenciales, así como incluir indicaciones oncológicas infantiles en medicamentos de bajo costo que hoy no cuentan con registro específico para su uso en esta población.

También se reclama garantizar la disponibilidad de los mismos, incluso cuando no exista interés comercial suficiente por parte del mercado farmacéutico.

También hay una muy precisa exhortación a las EPS —especialmente aquellas que se encuentran bajo medida de intervención— a entregar el 100 % de los medicamentos pendientes y a asegurar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones.

“La garantía del derecho fundamental a la salud de los niños y niñas con cáncer no admite excusas administrativas ni dilaciones”, advirtió la Defensoría del Pueblo.

Siguiendo dicha línea, los ciudadanos y las asociaciones pacientes y las familias deben de tomar en cuenta estos reclamos y en el evento que no sean tenidos en cuenta y la situación persista, empeore o llegue a desbordarse podrán tomar las decisiones legales correspondientes contra el Estado por violar el derecho a la vida y al artículo 49 de la Constitución en cuanto a las garantías de acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

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