En una alocución televisada, el presidente Gustavo Petro expuso la propuesta de transformar en un impuesto el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y que las motos y los carros de bajo cilindraje paguen menos que los vehículos más grandes.

Este planteamiento es objeto en la actualidad de un profundo debate porque se teme que pueda llegar a generar más problemas que beneficios y a provocar desbarajustes en el sistema de salud en Colombia igualmente afectado por la accidentalidad vial.

Uno de los hechos que preocupan es que vendría a darse la pérdida en la eficiencia de los pagos, porque de acuerdo con la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda) “las mejores pagadoras del sistema de salud” son las compañías del SOAT para el cubrimiento de los servicios  médico-asistenciales.

Aunque se trata solamente de una alternativa puesta sobre la mesa, hay que tener muy presentes las incidencias que probables cambios vengan a generar,porque sin duda los efectos, en caso de no hacerse los respectivos estudios técnicos y de pertinencia, pueden llegar a ser muy delicados.

En medio de la alta accidentalidad en las calles y carreteras colombianas, hay dos datos que necesariamente deben tenerse presente: el siniestro promedio del SOAT es de cerca de tres millones de pesos  y en Colombia más de 12.000 clínicas y hospitales atienden accidentes de tránsito con cargo al citado seguro como lo precisó para  ambos casos Fasecolda.

En la eventualidad que se llegaren a aprobar modificaciones como las planteadas para el manejo del SOAT, podrían ocurrir riesgos para el flujo de recursos al sistema de salud  y dificultades para las IPS.

Es decir, lo anterior implicaría que el asunto relacionado con la prestación de servicios a las personas heridas en accidentes automovilísticos podría caer dentro de una espiral de inconvenientes financieros, de insumos y de atención, similar a la que en estos momentos registra el sistema  de salud colombiano.

Para tener una idea, es factible que al darle un giro a este mecanismo para convertirlo en un impuesto, prácticamente que las clínicas y hospitales que les prestan servicios a las personas lesionadas en siniestros viales llegarían a tener problemas para obtener los dineros.

En ese sentido, la plata se recaudada llegaría a las arcas del Estado, pero no hay ninguna certeza sobre la forma en que el Gobierno nacional por medio de los ministerios de Salud y de Hacienda desarrollaría los trámites para que esos recursos sean girados de manera oportuna.

Ahí  se corre el riesgo que ocurra lo mismo que pasa con los giros por concepto de la atención a la población migrante cuya cartera ha ido en constante crecimiento debilitando las arcas de los prestadores de servicios.

Inclinarse por una opción que a las claras tiene muestras de poder llevar a un retroceso, afectar a los pacientes y ocasionar un nuevo trauma en la parte financiera no se puede llegar a adoptar porque los factores de riesgo son muy altos.

Entre los inconvenientes que pueden llegar a aparecer se encuentra el de las trabas burocráticas para que los dineros de ese impuesto de destinación específica fluyan con agilidad, la desmejora en los tiempos y la calidad de atención de las personas accidentadas.

Es necesaria la concertación y consideración de los pro y los contra de planteamientos como este, midiendo las incidencias, siendo mejor buscar una salida intermedia en que se corrijan fallas y se mejoren procedimientos del actual sistema del SOAT.

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