El presidente Gustavo Petro ha insinuado, una vez más, la posibilidad de cancelar concesiones a medios de comunicación por el contenido de sus emisiones. Esta vez, en sus redes sociales donde comparó a la prensa colombiana con la propaganda nazi de Goebbels, con los medios que azuzaron el genocidio de Ruanda y con aquellos que —según su relato— provocaron la violencia partidista del siglo XX en Colombia.

Desde La Opinión, rechazamos de forma categórica esta narrativa peligrosa, imprecisa y autoritaria.

Ningún medio responsable puede dejar pasar sin advertencia una declaración de esta gravedad por parte del jefe de Estado. No solo porque atenta contra el principio constitucional de la libertad de prensa, sino porque pone en entredicho las garantías mínimas para el ejercicio periodístico en una democracia que, aunque imperfecta, se ha sostenido sobre el equilibrio de poderes, el disenso y el derecho ciudadano a estar informado.

Reducir el papel de la prensa a una conspiración del “gran capital” es una simplificación ideológica que elude responsabilidades, niega la pluralidad informativa del país y desconoce la función que cumplen cientos de medios regionales, comunitarios e independientes —como el nuestro— que no responden a intereses económicos ni partidistas, y que cumplen su labor en medio de enormes dificultades.

El espectro electromagnético es un bien público, sí. Pero eso no le da derecho al gobierno a determinar unilateralmente los contenidos que deben o no circular por los medios de comunicación. Esa es una pendiente peligrosa. Una democracia no se protege clausurando voces, ni castigando la crítica. El remedio nunca puede ser la censura.

La libertad de expresión está protegida por la Constitución y por tratados internacionales firmados por Colombia. Es el oxígeno de la democracia. Y aunque incomode, esa libertad incluye también el derecho a equivocarse, a editorializar, a criticar con dureza al poder.

Invocar la historia para amedrentar a la prensa es una forma de manipulación que no corresponde a un líder elegido por el voto popular. Comparar a medios colombianos con propagandistas de genocidios es una falta de respeto no solo con el periodismo, sino con las víctimas reales de esos crímenes.

Lo decimos con claridad:

La democracia no se apaga. Ni por decreto, ni por discurso.

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