La paz no era con las hermanas de la caridad o con grupos conventuales que nunca han matado ni una mosca. Las Farc cometieron toda clase de delitos como secuestros, asesinatos, emboscadas, reclutamiento forzoso, extorsiones, desplazamientos, masacres, hostigamiento y violación generalizada de derechos humanos.
Ahora se advierten muestras de asombro y de dudas frente al reconocimiento por parte de ese grupo guerrillero desmovilizado de haber sido el autor del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y más concretamente asumida esa orden por uno de los senadores que ocupan las curules otorgadas a las Farc, en cumplimiento de los pactos acordados. ¿Luego es que se pensaba que el señor Lozada era un santo? ¿O quienes lo acompañan en esos escaños?
Jugar al fracaso del acuerdo de paz pactado con las Farc, es una tendencia que debe detenerse porque esa condición lo único que puede conducirnos de nuevo a baños de sangre, destrucción de pueblos, hospitales llenos de heridos de guerra y personas huyendo por culpa del recrudecimiento del conflicto interno.
En esa negociación, como ha ocurrido en países como El Salvador o aquí mismo con el M-19 (que llegó a tener varias de sus figuras en la Asamblea Constituyente que produjo la Constitución de 1991), la dejación de armas conlleva a un paso político con curules en el Congreso, por ejemplo.
Así que al momento de permitirse esto –así sea un pacto de paz imperfecto- es indudable que quienes llegaron al Capitolio no podrían ser conducidos a prisión, previa su renuncia como se está planteando, por el reconocimiento de algunos crímenes que causan escozor y dolor en la opinión nacional. Eso sería romper el acuerdo.
Nadie puede llegar a entender esto, pero dichos pactos indican que si queremos ponerle silencio a los fusiles por la vía negociada, hay que hacer concesiones y preferir aquello de que es mejor verlos en una curul dando discursos y ayudando a crear leyes, que tenerlos echando bala en el monte.
Muy bien lo dijo Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y partícipe en el diseño de la JEP, sobre los elementos que tiene la Jurisdicción para corroborar lo del crimen de Gómez Hurtado. “Claro que sí tiene, de eso no hay dudas. Se han tratado de generar dudas, conflictos, choques de trenes, pero les digo sinceramente que aquí no hay problema. Las cosas están claras: en la Fiscalía no son jueces, la Fiscalía hace instrucción del proceso, es la que investiga. Mientras que la JEP sí son jueces”.
Y mientras ahora esa papa caliente hace tránsito por allí, reaparece el fantasma para que se desmonte esa institución, como lo acaba de plantear el expresidente Álvaro Uribe, después de recobrar su libertad. “Las víctimas siguen burladas y parece que su único camino sea mendigar unos recursos del Estado. Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe”, es su planteamiento.
Lástima que un país como el nuestro, con más de medio siglo de conflicto armado, en lugar de avanzar en el cierre de esas heridas dolorosas y en la búsqueda de la verdad para construir rutas hacia la no repetición, esté encaminándose a imprimirle vigor y reforzados ánimos a ese monstruo grande que pisa fuerte como lo es la guerra, y cuyas pisadas han desgarrado a Norte de Santander y al país entero.
