En medio de la rebelión de veinte de los 32 gobernadores contra la Emergencia Económica que eleva del 5% al 19% el IVA al aguardiente, ron, whisky, brandy y vodka, se advierte que el contrabando y los licores adulterados resultarán siendo los grandes ganadores.

Y los perdedores  serán los departamentos, el sector de la salud y hasta el mismo Gobierno nacional porque sus pretensiones de obtener recursos adicionales serán echadas por tierra.

La lógica de la realidad en este aspecto de las bebidas embriagantes es  la esperada escalada alcista que se provocará por la súbita subida del 14% en el impuesto, que tendrá su respectivo reflejo en el precio de venta al público.

¿Qué sucederá si dichos licores se encarecen? Sencillo, queda abierto el mercado a la llegada masiva de productos de contrabando, que no pagan tributos y que compiten en precios.

Y lo lógico en una tierra fronteriza como la nuestra, los contrabandistas se frotarán las manos porque les estará quedando un terreno abonado para ellos venir a conquistarlo y, además, usarlo como punta de lanza para multiplicar sus envíos a mercados del interior del país.

Este es el nuevo panorama que ese aparte de la Emergencia Económica dibuja en las regiones y que es uno de los puntos en discusión pues al disminuirse las ventas y achicarse el mercado las arcas se resentirán fuertemente al dejar de percibir ese cinco por ciento  actual.

Aunque el gobierno central persiste en defender esa alternativa extraordinaria para la obtención de recursos económicos, subsisten los vacíos y las zonas grises que podría terminar poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de los servicios de salud, educación y deporte.

Pero hay algo más delicado. Recordemos los decomisos de licores adulterados. Si el porcentaje de incremento del tributo se mantiene, nos veremos enfrentados al riesgos para la vida que ello implica para quienes los consuman y la carga adicional sobre un desfinanciado sistema de salud.

Como se advierte, a la luz de los hechos son más los inconvenientes que se contabilizan frente a los beneficios sustanciales que la controversial medida acarrearía, puesto que muchos mandatarios seccionales  han advertido que esto ocasionará un serio impacto fiscal regional.

En medio de la deliberación es necesario sentarse a analizar con el Ministerio de Hacienda y el equipo económico esas incidencias y auscultar otras alternativas menos disruptivas y que no afecten hasta la propia gobernabilidad regional.

En paralelo es esencial, igualmente, que la Corte Constitucional avance en el procedimiento de control de exequibilidad del decreto de Emergencia Económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La ruta institucional es la salida  más sólida para la democracia en esta clase de controversias generadas por medidas sensibles como las comentadas y no los choques ni las fuertes fricciones el Gobierno nacional y  las regiones. No. Esa tampoco es la opción, porque vamos a seguir alimentando una polarización extrema que parece entrar en una etapa que no tiene fin. El diálogo, la concertación  y el acatamiento de la Constitución y las leyes son el camino.

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