El toque de queda que ha imperado a lo largo de este tiempo pandémico sacó de la invisibilidad un problema que estaba ahí, pero al cual casi ni se le prestaba atención porque  pareciera que no fuera con nosotros. Se trata de los habitantes de calle.

Un reciente informe del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Municipio por primera vez dio una cifra: aproximadamente unas 2.400 personas en esta condición deambulan por la ciudad.

Ese es un número, que incluso podría estarse quedando corto, porque como indicamos, en las noches en que la ciudad se vacía, a ellos se les ve deambular en grupos por zonas como El Malecón, el Canal Bogotá, en inmediaciones de la Central de Transportes, en los parques Lineal, Antonia Santos y Mercedes Ábrego, así como en sectores de Caobos y La Playa,  en Natilán, la Diagonal Santander,  entre otros.

Su presencia es un factor que genera sensación de inseguridad, porque muchos de ellos son drogadictos, otros alcohólicos y todos viviendo en la indigencia, rebuscando cualquier cosa incluso en las canecas y bolsas de basura. 

De ese espectáculo hemos sido testigos todos en algún instante al pasar por alguno de los lugares descritos y observar las noticias, fotografías y videos en los medios de comunicación locales y en las redes sociales.

En la actualidad,  Bienestar Social les brinda la oportunidades de rehabilitación para que busquen la reintegración  a la sociedad, pero lamentablemente sacarlos del mundo de la droga sin que ellos tengan la voluntad es muy difícil, y esa es una las principales acciones en que está empeñado el Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle en Cúcuta, que funciona desde 2019 en la ciudad.

En el lugar hay más de 40 personas, de las cuales, unas llevan más de 5 meses sin consumir sustancias como basuco o heroína, en desarrollo de las tareas de rescatarlas del mundo de las drogas.

Aunque suene filosófico o casi que a idealista, lo cierto es que ellos también tienen unos derechos, como lo dijera René Díaz Granados, director del organismo, con miras a ir desmontando esa estigmatización social en que se les llama gamines, pordioseros o indigentes.

“Son seres humanos que tienen derecho al cambio”, dijo.

En ese sentido,  la administración municipal tiene como objetivo crear un centro de rehabilitación en coordinación con la Secretaría de Salud, para ayudar a mitigar mucho más el problema.

Asimismo, está proyectado trabajar en la producción de calzado, no solo para que aprendan un oficio, sino para que encuentren oportunidades laborales, se mantengan lejos de la tentación de volver al mundo de las drogas y logren reincorporarse a la sociedad.

Resulta válido que el municipio actúe desde ese frente para  confrontar el problema de la adicción de las drogas de estas personas como un asunto de salud pública, obviamente coordinado con la Policía y Fiscalía, desbaratando desde el  campo de la operatividad, las organizaciones de microtráfico, que tristemente en la ciudad se dan como la hierba mala.

Todo lo que se haga en ese campo es ganancia, porque así se les van quitando ‘clientes’ a esas organizaciones que se nutren del menudeo de las sustancias sicoactivas y se va resocializando y devolviendo al mundo de la educación y del trabajo que al caer en esas garras pues han terminado en las calles.