El Gobierno del presidente Iván Duque y la nueva cúpula militar se apuntaron el primer gran golpe contra uno de los factores generadores de violencia en una zona neurálgica del país y que afecta también la seguridad en la frontera con Ecuador, como es el de la muerte de Guacho y Pitufín, principales cabecillas del grupo disidente de las Farc, del frente Oliver Sinisterra.

Esta operación ejecutada por francotiradores de las fuerzas especiales tiene varias lecturas. Una, que las disidencias quedaron fracturadas y, como lo dijo Duque,  que no se va a dar un paso atrás en la convicción de defender la legalidad, la vida, la honra y los bienes de los colombianos.

Pero desde el campo de los especialistas, la caída de Guacho no equivale al desmantelamiento o arrinconamiento de esas estructuras dedicadas fundamentalmente al narcotráfico y al secuestro. La Fundación Paz y Reconciliación ha advertido que 22 grupos de disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, integrados por 1.600 personas, son ahora parte de lo que las Fuerzas Militares denominan Grupos Armados Organizados Residuales.

De acuerdo con esto, es dura la tarea que le queda por desarrollar desde el punto de vista militar al Gobierno para doblegar a estas estructuras que afectan a zonas como el Catatumbo con las disidencias del frente 33 de las Farc, así como Nariño y Guaviare, para un total de 58 municipios en 13 departamentos.

Luego Guacho, sería solamente la gota de una marejada de violencia en consolidación luego del acuerdo de paz con las Farc, cuyo origen obedece a que algunos exjefes y excombatientes de estructura guerrillera decidieron seguir dentro de la economía criminal de las drogas ilícitas, minería ilegal y contrabando, y también a problemas con la implementación, adopción y puesta en marcha de las acuerdos en muchas regiones del país; aquí aparece el hecho de que no solo la vía militar es la solución, sino que desde la vigorización del posconflicto también hay una gran tarea por desarrollar, como ya lo ha planteado el propio Gobierno.

Pero como Guacho, a quien el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño lo llamó “personaje intrascendente”, igualmente agitó el ambiente en la frontera colombo-ecuatoriana con varias acciones sangrientas, entre las que se encuentran el secuestro y posterior asesinato de los integrantes del equipo periodístico del periódico El Comercio, en Ecuador se dividieron las opiniones sobre la exitosa operación del 21 de diciembre en Peña Caraño (Nariño).

En primer lugar, la reacción del Gobierno del presidente Lenin Moreno ratifica el buen estado de las relaciones entre ambos países y el afianzamiento de los lazos de cooperación expresados en el hecho de que plantea todo el apoyo en la lucha contra los violentos, el narcotráfico, la trata de personas y los cultivos ilícitos.

De esa línea de hermandad diplomática se apartaron las familias de los periodistas asesinados Paúl Rivas Bravo, Efraín Segarra Abril y Javier Ortega Reyes. “Ninguna muerte es motivo de celebración. Aunque reconocemos el trabajo realizado por las autoridades colombianas, es lamentable que quien se adjudicó el secuestro y asesinato de cinco personas haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida”, escribieron en un documento.

En la historia del largo conflicto interno colombiano se cierra el capítulo sangriento de Guacho que tuvo la oportunidad de haber sido un constructor de paz, pero que prefirió convertirse en destructor de la esperanza para Colombia de sellar un pasaje oscuro y sangriento con uno de los actores más antiguos del conflicto, como lo fueron las Farc.