Quien tiene la razón no lo pregona a voz en cuello ni arma escándalos en motos ni amenaza con destrucción, como sí lo hace quien no tiene argumentos para convencer de que la verdad lo acompaña.

Demuestran que son muy valientes: amenazan a una ciudad entera y ni se inmutan, se quedan tan campantes, tan decididos, tan soberbios, tan desafiantes.

Al fin y al cabo, ¿qué puede valer una ciudad, si lo que realmente importa es el negocio? ¿Qué importan la ilegalidad, el delito y los cucuteños, por ejemplo, si lo que a ellos, a los pimpineros, les importa es seguir comerciando con gasolina y diésel de contrabando?

Y si alguien se opone a sus intereses particulares, excluyentes y delictivos, pues corre con todas las consecuencias “así sea bloqueando calles o haciendo lo que haya que hacer”.

Es que son tan valientes estos nerones de nuevo cuño, y tan diligentes las autoridades para neutralizar no solo la amenaza sino para sancionar, como la ley penal lo determina, a los responsables de intentar generar zozobra y temor entre la población. Intentar, porque los cucuteños han demostrado, a lo largo de la historia, que no son de los que se asustan solo porque unos cuantos exaltados amenazan con bloquearles las calles u otros hechos violentos.

Quien tiene la razón no lo pregona a voz en cuello ni arma escándalos en motos ni amenaza con destrucción, como sí lo hace quien no tiene argumentos para convencer de que la verdad lo acompaña.

Pretender que el municipio les va a ceder, como quieren, el espacio público que ocupa cada pimpinero es soñar, porque se trata de un bien de todos sobre el que no hay negociación posible. El espacio público en inalienable, imprescriptible e inenajenable y debe ser defendido con toda determinación por las autoridades.

Los pimpineros arguyen que el Estado nunca les ha dado una oportunidad laboral seria. Pero ¿a quién se la ha dado concretamente? A nadie por supuesto. Todas las personas que trabajan se han preparado para desempeñarse en todas las actividades posibles, y están trabajando por sus méritos y su esfuerzo.

Y no han tenido que apoderarse del espacio público para ganarse la vida, ni han amenazado ni extorsionado, ni a la autoridad ni a la sociedad. Y, quizás, tampoco rechazaron una oferta laboral solo por el hecho de que la cabeza de la familia tenía que estudiar.

Con el ánimo de contribuir a que los pimpineros se reinserten dentro de la sociedad, el Estado les ha ofrecido capacitación y créditos especiales, que en un principio aceptan y luego rechazan, en una especie de juego que está agotando la paciencia de las autoridades.

La propia ministra de Transporte, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, les ofreció hace algunas semanas un programa de microfranquicias y de comercio minorista, junto con garantías de financiamiento y cofinanciación a unas 6 mil familias, pero a los líderes de los pimpineros no les resulta suficiente.

Da la impresión de que los pimpineros, o al menos sus voceros, quieren el oro y el moro, es decir, lo quieren todo, y, hablando con sensatez, eso jamás lo podrán obtener, por razones de equidad: otros sectores sociales también tienen derecho a recibir el apoyo gubernamental y del Estado.

Pero, además, olvidan una realidad monumental: el espacio público no les será entregado jamás para su beneficio personal. La fuerza pública está obligada por mandato legal y constitucional, a garantizar que ese espacio sea de todos, no de unos cuantos vivos que lo utilizan para sus negocios.

Como por excepción dijo la secretaria de Gobierno, Adelaida Ontiveros, “el espacio público es innegociable y vamos a hacerlo respetar por encima de las amenazas”. De ello pueden estar seguros los pimpineros y los carreteros y quienes creen que pueden hacer de la ciudad lo que les venga en gana, solo para su satisfacción personal.