La cifra es de la Mesa de víctimas de Norte de Santander, un organismo que tiene por qué saber lo que afirma, como que sus actividades tienen que ver con toda persona que esté sufriendo consecuencias por la guerra que, al menos en esta parte de Colombia, aún no termina. Por lo contrario, parece incrementarse.

Es una cifra realmente dramática: en la frontera, entre La Guajira y Arauca, hay hoy 150 personas desaparecidas. De acuerdo con Luis Alberto Durán, miembro del comité ejecutivo de la mesa, incluso son más de 150, como consecuencia de un incremento notorio en la violencia a ambos lados de la línea limítrofe.

No se trata de personas que se extravían por los caminos, o que deciden irse lejos sin avisar a nadie, o que enfermaron y están recluidos en hospitales, sin que se sepa quiénes son. No. Se trata de personas a las que, por algún interés particular, alguien asesina y hace desaparecer el cadáver. Se trata de la desaparición forzada…

Es una práctica execrable y repugnante, que afecta por siempre a las familias de las víctimas, que vivirán y morirán en la más terrible incertidumbre sobre lo que pudo pasar con el desaparecido. La desaparición forzada es una salvajada abyecta que nunca termina de doler y que habla de lo bajo que ha caído el ser humano. 

¿Qué está pasando? ¿Por qué aún se mantienen esas prácticas criminales de lograr que de una persona desaparezca para siempre hasta su nombre? ¿Quiénes se regodean con esa infame manera de hacer sufrir a los demás, de sentirse dueños de la vida y de la muerte, de disponer a su antojo de las personas?

Solo en Norte de Santander, y de acuerdo con la Mesa de víctimas, con base en las cifras de la Red Nacional de Información (Rni), durante los últimos años se ha reportado la desaparición forzada de 4.758 personas. De ellas, 3.906 en Cúcuta. En Ocaña se han registrado 163 casos, y en Tibú, 134.

El Estado, pero en particular organismos solidarios, nacionales y extranjeros, han demostrado un alto interés en descubrir qué ha pasado con miles de víctimas de desaparición forzada que ha dejado la guerra en los últimos 20 años. El problema del país es que, mientras miles siguen sin aparecer, otras víctimas hacen crecer las listas, en un fenómeno que parece de nunca acabar.

El avance en la tarea necesaria de hacer visible la desaparición forzada en el país lo reconoce la propia Mesa de víctimas de Norte de Santander, pero como dice Durán, “no llegamos a saber que está pasando con nuestros seres queridos que están en fosas comunes o en las selvas colombianas”. Y esa es, quizás, una de las partes más crueles del fenómeno. Es la semilla de la incertidumbre eterna. Muchas veces, el peor mal causado por los responsables…

El Estado ha buscado compensar en algo el daño causado por los criminales que desaparecen a sus víctimas, y en Norte de Santander ha entregado a las familias de 1.236 personas, unos 8.805 millones de pesos. Es obvio que ningún dinero es suficiente para apaciguar el dolor por el que nunca volverá y del que jamás se supo nada más, pero en parte, el Estado debe pagar por su negligencia, por no hacer más cada día en busca de erradicar un crimen aborrecible.