Para que nos hagamos una idea de la cantidad de dinero que todavía hace falta para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia debemos señalar que se necesitaría lo que se recaude por concepto de 14 reformas tributarias para lograr ese cometido.

Y si hacemos otra equivalencia le encontraremos una mejor razón para invertir los dineros públicos en quienes han sido martirizados por años de violencia: el problema pudiera solucionarse en cuatro años, más o menos, durante los cuales la corrupción dejara de robarles a los colombianos $50 billones anuales.

Pero como ni lo uno ni lo otro sucederá -porque lo primero es impopular y lo segundo una quimera- queda en evidencia que se necesitarán por lo menos otros diez años para ejecutar unos $200 billones en indemnizaciones, en  planes de vivienda, programas de alimentación, retorno de quienes dejaron sus tierras en medio del desarraigo y luego la reubicación de aquellos que no quieren volver de donde fueron sacados violentamente, porque los $135 billones destinados por el Gobierno, inicialmente, se quedaron cortos, como lo consideró la Contraloría General de la República.

El esfuerzo es monumental para el cumplimiento de todo lo relacionado con la Ley 1448 que sin embargo apunta a seguir como en una rueda que no tiene final, porque tristemente las situaciones de victimización y revictimización en los territorios y en las zonas de acogida están convertidas en una situación que tiende a elevar el número de personas afectadas.

La misma procuradora Margarita Cabello dejó sobre la mesa este agravamiento de la situación como consecuencia del recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto, a las luchas por el control de rentas ilegales y las luchas que existen entre organizaciones al margen de la ley.

Los riesgos han tendido a complicarse de tal manera por esas nuevas situaciones, que durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo donde 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias, se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado, según el análisis de los organismos de control.

Este dato cobra relevancia para indicar que en un momento dado comenzará a quedarse corta la cantidad de más de nueve millones de colombianos sujetos de derecho a reparación, porque deberán empezarse a actualizar y a refrendar nuevos casos confirmados.

La misma Unidad para la Victimas argumentó que más de un millón de afectados por la guerra que había mejorado su situación, sufrió nuevamente violaciones de derechos y terminó revictimizado.

Y como si fuera poco, en asuntos como el de la Ley de Víctimas no dejan de aparecer los aspectos contradictorios, como el observado por el contralor Carlos Felipe Córdoba de que “valiosos recursos para la atención de las viviendas de las víctimas permanecen en cuentas de ahorros y fiducias, mientras miles de personas claman por ese techo”.

Ahí lo que se advierte un problema de lentitud en la ejecución de esos recursos, teniendo en cuenta que el 91% de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad.

La gran conclusión la expuso la procuradora: “el desafío al que nos enfrentamos no es menor. Los ajustes que se requieren es dar a las víctimas una reparación integral en un tiempo razonable y esto no se está llevando a cabo”. El gobierno actual y el que se estrene en agosto de 2022 tienen ahí una misión que si no se enfrenta como es debido, se puede convertir en imposible, con los resultados negativos que acarreará.