Colombia se alza hoy con el récord de tener a su primer presidente en ejercicio incluido en la Lista Clinton, la misma que hace treinta años fue habilitada por Estados Unidos en una de sus fases de lucha antidrogas para enfrentar, entre otros, a los carteles narcotraficantes colombianos.

De ninguna manera se puede ni minimizar ni mucho menos ocultar la inmensa gravedad de que Gustavo Petro Urrego como jefe de Estado haya sido sancionado por vínculos con “drogas ilícitas”, como aparece en la página web de la  Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Para que los colombianos se hagan una idea de sobre lo sucedido y sus consecuencias, bueno es recordar que los primeros en ser puestos en aquel listado fueron los jefes del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera,  a quienes en aquél entonces los Estados Unidos llegó a señalar como “traficantes significativos”.

Muchas preguntas empiezan circular en el país, que en medio de todos sus problemas de toda índole ahora tiene a un presidente sin visa estadounidense porque se la cancelaron y figurando  ahora dentro de la Lista Clinton.

Petro, con  toda la serie de acontecimientos que han venido ocurriendo en torno a las tensas relaciones colombo-estadounidenses, tiene que recapacitar por el bien del país, poniendo por encima de los intereses políticos el bienestar y la seguridad de los colombianos.

Es necesario recordar que nunca antes se había llegado a un escenario como el actual, donde por segunda vez, en tres décadas, Colombia es descertificada ante los bajos resultados en la lucha antidrogas, y fuera de eso se ha llegado a escalar a toda esta clase de fricciones que enturbian cada vez más el ambiente entre Bogotá y Washington.

Sin embargo, quedan las inquietudes válidas de si la Presidencial puede llegar a verse afectada no solamente desde el campo de la imagen sino del mismo desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 189 de la Constitución Política.

Dirigir las relaciones internacionales, es una de ellas. ¿Quedará debilitada con un presidente en una lista en que aparece alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo, quien es señalado por el Tesoro norteamericano por tráfico de cocaína y sus conexiones con carteles de drogas?

Internamente  la situación para la gobernabilidad también luce compleja, más de lo que ya venía, porque dicha sanción le resta márgenes de maniobra al jefe de Estado, teniendo presente las advertencias contempladas en la resolución emitida por el  gobierno estadounidense.

Por ejemplo, queda en este momento contra las cuerdas la estrategia gubernamental de paz del, porque según el Departamento del Tesoro, Petro “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘Paz Total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.

Y hay otro señalamiento de la administración Trump que ratifica que “Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por carteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur”. 

Es una hora crítica para Colombia que, debemos insistir, ni en los momentos del escándalo del Proceso 8000 ocurrieron, lo cual indica que las instituciones tienen que ser rodeadas para defender la democracia y para que el país logre finalmente encontrarle salidas a un delito como el narcotráfico que ha operado como combustible del conflicto armado y que hoy nos ha llevado a semejante crisis internacional.

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