Recordábamos hace poco que en solo Tibú han asesinado en menos de cuatro meses a doce mujeres, este año, lo cual significa un disparo sin precedentes en ese tipo de hechos, y ahora tenemos que registrar que en materia de género en el departamento las cosas tampoco pintan nada bien.

Cómo será de complicado el panorama que hasta el informe que recoge dicha problemática también lleva un título estremecedor: ‘Norte de Santander entre llantos y consignas para una vida digna’.

El Observatorio de Asuntos de Género en esta parte del territorio nacional con el apoyo del Fondo Lunaria Mujer, expidió un informe que por sí solo es un hito, por varias razones.

En ese sentido, lo más importante es que se trata del primer documento público que difunde los hallazgos sobre lo que ocurre en el departamento en este campo.

Lo más triste es que cuando apenas está empezando a ser digerido, en el término de dos días seguidos se han registrado, en Cúcuta, los asesinatos de dos mujeres en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, como una confirmación adicional de los peligros que las acecha.

Los riesgos de los diferentes tipos de violencia de género en la región quedaron reseñados en una evaluación de los hecho ocurridos entre el primer día de 2021 y el 26 de julio cuando se confirmaron 193  víctimas de la violencia de género, de los cuales el 90 % de los casos corresponden a mujeres, incluyendo a quienes hacen parte de la comunidad LGBTI.

Ojalá al tener ahora referenciados los hechos dentro de esa evaluación haya pasos subsiguientes como los de revisar en qué se está fallando para desde los organismos del Estado enfrentar mejor el problema y trazar acciones que lleven a prevenir y a reducir la ocurrencia de esta clase de acontecimientos.

La visibilización del problema es algo que también ayuda, puesto que al ponerlo en el centro de la discusión permite que otros casos no denunciados por temor o amenazas, sean dados a conocer y las organizaciones no gubernamentales y las instituciones oficiales actúen para enfrentarlos, de acuerdo con sus competencias. 

Pero -igualmente- es trascendental que los responsables de hechos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial contra sus víctimas, logren ser identificados, judicializados y condenados con el fin de que exista un mensaje contundente a la sociedad de que dichas prácticas no son toleradas.

Aunque muchas personas afectadas prefieran no decir nada de lo que les ha ocurrido o no informar sobre el lugar en el que pasó, ojalá se logren resultados con la presencia focalizada de los equipos de protección de las secretarías de Equidad y Género, al igual que tengan éxito las acciones de la Policía  Nacional y de la Fiscalía.

Incluso, aquí resultaría interesante reforzar la acción educativa desde los primeros años de enseñanza escolar con el fin de inculcar en los menores y jóvenes valores conducentes a evitar la formación de adultos que acudan a las distintas actuaciones que implica la violencia de género, para someter a sus semejantes.

Y un par de datos relacionados con 2020 señalan que en ese año se denunciaron 1.619 casos de violencia intrafamiliar y 348 de delitos sexuales, que cruzados con los que se expusieron por el observatorio de género, se notifica que es indispensable un cambio urgente en los comportamientos, puesto que los hechos y las cifras evidencian que no se respeta ni considera al género femenino, en este caso.

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