Leamos este mensaje que desde lo más profundo del ser fue enviado por la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz: hoy son cinco de nuestras compañeras que se encuentran amenazadas y 46 más con miedo de volver a sus hogares y seguramente seguirán aumentando, no volteen la mirada  y no ignoren el grito de auxilio de estas mujeres empecinadas en seguir trabajando por los Derechos Humanos, el respeto a la vida y el derecho de vivirla en paz.

Algo absolutamente grave y delicado ocurre en Tibú en materia de seguridad para las mujeres donde desde mediados de abril hasta la fecha se ha registrado el asesinato de doce de ellas. 

Esta es una estadística que encaja dentro de las preocupaciones expuestas por organizaciones sociales sobre la gran cantidad de ataques mortales contra las mujeres que han sido puestas en la mira por parte de organizaciones criminales.

Ese accionar violento que ha dejado el alto número de casos en un lapso de aproximadamente cinco meses deja entrever como los agentes del conflicto armado las están utilizando a ellas para atemorizar y silenciar a la población, desbaratando de paso muchas familias que han perdido madres, hijas, tías y hermanas a manos de esas violencia desbordada.

Hay un patrón de conducta sistemática que usan los grupos en Tibú y otros municipios del Catatumbo para darles la sentencia a sus víctimas: las mujeres que han logrado huir cuentan que les llegaron dos hombres, con cascos cerrados y armados, diciéndoles que les dan 24 horas para irse de Tibú, porque si no las van a matar. 

Pero lo peor es que la escalada no cesa y continúa en plena acción con amenazas, hostigamientos, revictimizaciones y desplazamientos forzados mientras que de estos crímenes hasta el momento se desconocen los resultados de las investigaciones, mostrándose incluso divergencias sobre la tipificación de los mismos.

Es así como por ejemplo la Asociación de Madres del Catatumbo se refiere a estos asesinatos como feminicidios, mientras por ejemplo la Fiscalía cuando se refirió a la muerte a bala de la fiscal Esperanza Navas, expuso lo siguiente: “La primera hipótesis es que su muerte puede haber sido ocasionada por la labor que desempeñaba como fiscal. Otra, se refiere a unos patrones de muertes de mujeres en Tibú. La tercera, es la que tiene que ver con la conflictividad que hemos venido observando entre el Eln y las Farc del Frente 33”.

En medio de la situación desesperada que exponen organizaciones como la señalada, dejan entrever la urgencia de que tenga eco su llamado de solidaridad para rodear a las mujeres y a la infancia en el Catatumbo, región en la cual la violencia no da tregua.

Al traer de nuevo la comparación estadística, la muestra de que en todo 2020 solo ocurrieran en esa zona dos asesinatos de mujeres contra 12 en cinco meses de 2021 debe de mover a la Policía, al Ejército, a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales a hacer algo contundente  para proteger la vida de quienes son una parte fundamental de la sociedad.

Así como es triste y peligroso el asesinato, igualmente lo son el desarraigo o el confinamiento, hechos que resultan siendo absolutamente degradantes de la condición humana de la mujer y violatorios de todos los protocolos y de la Constitución y la Ley que hablan de sus derechos.

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