El escándalo de corrupción desatado por el caso de los carrotanques para La Guajira no puede quedarse solo en titulares, anuncios de investigaciones o apertura de procesos, sino que debe producir consecuencias hasta que el país conozca las pruebas y la realidad de todo lo ocurrido.

Como este mayúsculo hecho de corrupción ha caído con la fuerza de una avalancha que arrasa con todo a su paso, las reformas sociales que el Gobierno Nacional intenta sacar en el Congreso de la República deberían pasar, por un tiempo, al congelador, puesto que el tufillo de la ocurrencia de oscuros hechos para sacarlas adelante, sigue rondándolas.

De acuerdo con todo lo que se ha conocido en las revelaciones periodísticas y por declaraciones de algunos de los involucrados, un gran manto de duda cubre todo el procedimiento para el trámite de dichos proyectos en el Senado y la Cámara de Representantes.

La ciudadanía reclama claridad y un bien sustentado proceso en relación con las denuncias y afirmaciones de que miles de millones de pesos fueron entregados en efectivo a los presidentes de ambas cámaras, todo para que no hubiese tropiezo para las reformas a la salud, la laboral y la de pensiones.

Seguir como si no hubiera sucedido nada, implica el riesgo de que esta encrucijada arrastre hacia un callejón sin salida las propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque el debate ya no estará enfocado en cuestiones técnicas, procedimentales y de pertinencia financiera o de cobertura, sino que se centrará en si hubo o no millonarias coimas para darle tránsito.

Es decir, desde el punto vista de la ética y la moralidad en el manejo de la cosa pública, el actual torbellino de señalamientos no genera el ambiente de transparencia requerido para que asuntos tan trascendentales de la vida nacional sean analizados y evaluados sin interferencias ni riesgos de quedar envueltos en medio del caso de corruptela en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Son muy oportunas en este momento las consideraciones del presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Rodolfo Correa, quien es de la opinión que  “reformas como estas no pueden tener la duda de ser el fruto de la corrupción y la descomposición ética de la clase política”.

Colombia necesita que el Congreso y la Presidencia hagan un alto en el camino frente a las reformas y asuman compromisos ante la ciudadanía y la justicia para que brille la verdad frente a este espinoso hecho.

El trámite de las reformas no puede hacerse por caminos alejados de la Constitución y la ley. La claridad debe brillar siempre y, en este momento, eso es lo que no hay, porque todo lo que se ha dicho y denunciado está arrojando indicios de posibles maniobras poco santas para procurar sacarlas adelante.

Por tal motivo, para que los carrotanques de la corrupción en La Guajira no terminen siendo un pasaje extraordinario de la corrupción en Colombia al ser observados por la ciudadanía como los ‘impulsores’ de las reformas, la mejor opción es hacer un alto para tratar de enderezar el rumbo.

Ahí sí que se necesita un acuerdo nacional contra  la corrupción, pero con una comisión especial de fiscales, jueces y magistrados para que todos los casos de corrupción actuales y del pasado sean investigados, resueltos y condenados los responsables, puesto que de lo contrario la gente advierte cada día más que el Estado no actúa eficazmente contra ese peligroso y endémico mal.

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