Cuatro semanas después —en realidad, 23 días—, el presidente Iván Duque está enfrentado a una de las peores situaciones para un mandatario: la disyuntiva es clara, pero las consecuencias parecen serlo mucho más.

Por inexperiencia y otras razones, entre ellas haber centrado la atención del Gobierno y del país en los asuntos de Venezuela, permitió que la minga del Cauca llegara a una situación de no regreso para los indios, y se convirtiera en una grave crisis para la que, hasta donde se ve, solo hay dos opciones de solución, y con una cualquiera las consecuencias serán imprevisibles.

Si Duque resuelve ir al sur a dialogar con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), como lo han pedido los ciudadanos que partieron el país en dos con el bloqueo de la carretera Panamericana, podría estar sentando un precedente que plantearía la presencia presidencial en la solución de cualquier conflicto social. Y de esos hay varios en el paisaje, incluyendo a Norte de Santander, desde luego…

Pero, si decide no acatar el llamado, sin duda el conflicto escalará y llegará a niveles en los que la violencia tendrá cabida en la lista de fórmulas de solución, y las consecuencias serán muy graves. Violencia, porque para mitigar el cuadro de necesidades urgentes de los habitantes del sur del país, sin combustibles, y de las grandes ciudades, sin muchos alimentos que vienen de allá, el Estado tendrá que, necesariamente, apelar a organismos como el Esmad e incluso el Ejército. Habrá, así, violencia. Mucha.

En Pasto y en Popayán, las ciudades del sur más afectadas, las autoridades lanzaron ayer dramáticos llamados para que de alguna forma lleguen medicinas, alimentos y combustibles, para miles de ciudadanos que poco o nada tienen que ver con el conflicto, salvo vivir más allá de la minga.

La verdad es que, desde el orgullo del poder central, el movimiento indio tal vez pareció una protesta más de vecinos de barrio, y en ese punto estuvo parte de la gran equivocación: la historia siempre ha coincidido en que en esa zona del país las cosas se llevan hasta las últimas consecuencias. Es la actitud generada por tantas promesas incumplidas, tantos engaños a los que han sometido a indios y campesinos de todo el país.

La opinión pública conocía desde el comienzo del paro, que en busca de una solución el gobierno debió, de inmediato, disponer todo lo necesario para buscar una neutralización del movimiento, no permitirle escalar, evitar que se llegara al punto en que la improbable presencia del presidente se convirtiera en la parte más importante de la negociación.

Ahora Duque está ante una encrucijada en la que el Estado y el Gobierno tendrán que prepararse para otorgar muchos más beneficios de los que se exigían cuando solo estaban las peticiones y no se llegaba a las vías de hecho. Ahora es tarde, y hay que afrontar la realidad como la quiere la contraparte, y con todas las condiciones que fije.

Pero es un buen momento para que el alto Gobierno no pierda de vista que, aunque a sus funcionarios no les parezca, aquello de ‘el tal paro no existe’ de Santos, no deja de ser más que una actitud bravucona, para nada conciliadora. Todos los paros existen, son reales, y quienes los promueven, tengan o no razón, están decididos a llevarlos hasta cuando encuentren respuesta.