Por un lado se escucha que el Gobierno desea volver a la fumigación de los cultivos ilícitos, pero desde la misma esfera estatal se destaca que en Norte de Santander, que ha estado en los primeros lugares de hectáreas cubiertas con hoja de coca, hay dos municipios del Catatumbo con buenos resultados en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Se trata de Sardinata y Tibú, donde durante los dos primeros años de la administración del presidente Iván Duque se han erradicado voluntariamente 765  hectáreas de la planta que sirve de materia prima para la producción de cocaína y nutrir al crimen organizado que se genera alrededor del narcotráfico.

Entonces, la respuesta para buscar que dicho programa continúe avanzando exitosamente tanto aquí como en otras regiones del país, es que no sea desfinanciado sino más bien vigorizado exponiendo éxitos como los manifestados por   el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, ante gobiernos amigos.

Bien podría Estados Unidos por intermedio de la USAID, por ejemplo, meterse de lleno a seguir empujando con dineros la consolidación del PNIS, misión en que también se podría esperar la colaboración de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones, porque así podría llegarse a la consolidación de la paz territorial.

En ese aspecto son muy dicientes las cifras dadas a conocer por Archila. La inversión ha ascendido a $14.496 millones, favoreciendo desde agosto de 2018 a la fecha, a 2.988 de las familias vinculadas al programa, de las cuales 2.103 son cultivadoras, 233 no cultivadoras y 652 son recolectores en ambos municipios.

Este éxito tangible tendrá que servir como herramienta para intentar revertir una advertencia que afloró en el Congreso de la República, que se refiere a que en el proyecto de presupuesto para 2021 hay un recorte del 14 % en los recursos necesarios para dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito”.

Debería Archila, que tiene tanto contacto directo con territorios como el Catatumbo, convertirse en el gabinete nacional, en el precursor de las acciones cumplidas en Sardinata y Tibú, para replicarlas en Nariño y el Cauca, por ejemplo, y así consolidar al PNIS en Colombia como la ruta más efectiva en “la lucha integral contra el narcotráfico y las economías ilegales, que propician el delito y ponen en peligro la vida de las personas”.

Continuar adelante con esa estrategia, lógicamente sin descartar las críticas de la comunidad  cumpliendo a cabalidad para que no tenga  que volver a la coca, es una de las tareas a ejecutar.

La otra y muy importante, es lograr una infraestructura necesaria que les permita a esas zonas el desarrollo agroindustrial y el desmonte de las cadenas de intermediarios para que así la economía fluya y los nuevos negocios sean rentables para ellos.

Y si el PNIS ha sido en tierras sardinateras y tibuyanas una solución no violenta y que no afecta el medio ambiente, la mejor opción es seguirle apostando a la sustitución voluntaria para debilitar y marchitar la base de la cadena de producción del narcotráfico.