¡Populismo! Algo de decisión electorera por ser 2022 el año en el que las urnas marcarán la composición del Congreso de la República y la definición del nuevo presidente. O una acción para marcar una mayor popularidad.
Sea lo que sea, lo cierto es que el aumento del 10,07% del salario mínimo para 12,8 millones de personas, traerá sus complicaciones para las empresas y para el mismo sector productivo, razón por la cual el Gobierno Nacional debe de estar abierto a lanzar los salvavidas que se requieran.
Pero, además, algunos expertos y empresas han hecho ya los primeros cálculos del costo mensual que para el empleador acarrearía por cada trabajador que empiece a ganar $1.117.174.
El citado valor podría llegar hasta $1’600.000 por empleado, puesto que aparte del salario y del subsidio del transporte, deben tenerse en cuenta los aportes a salud y pensión, caja de compensación familiar, ARL, cesantías, prima, cesantías, entre otros.
Ahí es donde comienza a producirse el dolor de cabeza que a muchos pequeños y medianos empresarios los lleva a una encrucijada, en medio de la crisis que han debido soportar generada por la pandemia y por los demás problemas que han venido arrastrando desde tiempo atrás.
Por algo será que Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, lanzó una advertencia que quedó gravitando en el orden nacional y que tiene que ver con el hecho de que los “aumentos (del salario mínimo) muy por encima de esa regla de oro, inflación y productividad laboral, pueden generar un freno de mano a la recuperación del empleo”.
Dicha consideración también tiene eco en una ciudad como Cúcuta con agudos problemas en materia de generación de empleo que se verifican con las altas tasas de desempleo (16,9%) y estratosféricos indicadores de informalidad señalados en los reportes periódicos del DANE, equivalentes al 69,6%.
Es recomendable tener presentes estas notificaciones, porque ambos hechos que se generarán por el alza salarial, finalmente producirán mayores problemas sociales así como el deterioro del tejido empresarial regional, e incluso porque los costos de la carga laboral también crecerán porque al haber trabajadores que quedarán por debajo del ingreso mínimo, tendrán que recibir reajustes para equilibrar su sueldo o serán despedidos.
Como se nota, en la mayoría de los casos las decisiones gubernamentales que generan sonoros aplausos entre el público, al ser trasladadas a la vida diaria surten efectos adversos a veces no medidos que tienen que recibir, posteriormente, tratamientos adicionales, para evitar complicaciones.
Por eso no es descabellado lo expuesto en Norte de Santander por ACOPI, sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional debe extender los instrumentos que han permitido sostener y recuperar
empleo, como lo son el PAEF y los subsidios para el empleo de jóvenes y mujeres, con el fin de que el empresariado local pueda soportar el compromiso derivado del incremento del mínimo en el 10,07%.
Y otro riesgo dejado en evidencia, que también merece ser analizado, es el comentado por el gremio de industriales del calzado, sobre un efecto de desaceleración de la productividad y aumentos en los precios de los productos terminados a raíz del reajuste salarial.
Luego vendrán meses en los que habrá que capotear una de por sí complicada la situación, pero en los que es indispensable la atención estatal porque de lo contrario se verán recortes en las nóminas o una cada vez mayor informalidad en la contratación de personal, es decir, sin las prestaciones sociales de ley o por debajo del salario mínimo.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
