Cada día que pasa, los trabajadores colombianos se alejan más y más de los servicios de salud, por los que aportan una tajada considerable de sus ingresos. Y, en la misma medida, muchos que no aportan —y que en términos estrictos tienen menos derechos que los colombianos— se acercan a las IPS del Estado. Y no pagan.

Solo desde hace poco la salud fue considerada como un derecho por las leyes y la Constitución de Colombia. Pero, desde entonces, el servicio es menos favorable a quienes pagan por él, en beneficio de extranjeros y otros ciudadanos que no pagan, por determinación de la Justicia.

Este fenómeno es más notorio en la frontera colombo-venezolana, donde los hospitales y centros de salud del Estado tienen orden de atender, sin cobrarles, a los venezolanos que requieran de atención médica de urgencia.

Por esta razón, centros asistenciales como el Hospital Universitario Erasmo Meoz enfrentan dificultades de diversa índole, pues cada día llegan desde Venezuela más y más personas necesitadas de servicios en salud, y hay obligaciones éticas y legales de atenderlos.

Los costos por la atención de estos pacientes son elevados, pese a la ayuda del Estado, traducida en reciente giro de 3 mil millones de pesos, de todas maneras insuficientes para compensar lo gastado, ya que además los pagos de sus obligaciones ordinarias también están atrasados en todo el sistema. 

Ahora, el Consejo de Estado ordenó que la EPS Savia Salud y la gobernación de Antioquia deben garantizarles el acceso a la salud, incluidos tratamientos que no figuran en el Plan Obligatorio de Salud (POS), a dos habitantes de la calle.

La decisión, sin embargo, beneficia a todos los habitantes de la calle del país, por razón de principios constitucionales como el de la igualdad, que también tiene que ser aplicado a los extranjeros que están en Colombia sin importar su estatus migratorio.

Desde luego, nadie puede oponerse a que alguien reciba atención en salud si lo necesita, y mucho menos en casos de emergencia. Tampoco cabe oponerse a que, si esa persona no tiene dinero, lo curen gratis. Es cuestión de humanidad…

Pero, ¿qué hacer con el marginamiento al que se ve sometido el ciudadano colombiano que paga para que le brinden salud en una EPS que no funciona y se ve obligado a acudir al Meoz, por ejemplo, donde tampoco lo atienden, porque sus servicios están colapsados por la atención masiva de extranjeros?

En Cúcuta son decenas de miles los usuarios afiliados a EPS como Cafesalud y Coomeva, por citar solo dos, que no reciben atención en ninguna IPS, por razón de las enormes deudas de aquellas dos entidades, y deben ir en busca del hospital.

Alguna solución debe encontrar el Gobierno, porque son los trabajadores los perjudicados. Quienes disponen de recursos económicos suficientes, están siempre en capacidad de obtener atención en la parte del sistema de salud que no permite el acceso de las mayorías: los servicios privados.

Pero la realidad es que por los mandatos de la Justicia se está siendo muy injustos con la mayoría de colombianos que, al paso que vamos, van a quedar con el derecho a la salud, como todos, pero sin el derecho a enfermarse.