Los órganos del Estado destinados a vigilancia y control, tanto de la conducta de los funcionarios públicos como de los resultados de sus actos, especialmente los que involucran recursos económicos del fisco, ejercen funciones de varias maneras: previa, permanente o posteriormente a las actuaciones. Así debe ser siempre, claro.

Pero, poco a poco, se ha establecido un método para nada ortodoxo, alejado de las exigencias de los estatutos. Es el control tardío, es decir, aquel que se realiza cuando ya para qué…

Es posterior a los actos, sí, pero, todo lo indica, ese control se ejerce cuando ya quedan muy pocas posibilidades de establecer la verdad de lo ocurrido, o pocas probabilidades de señalar la responsabilidad a los involucrados.

Por estos días, para Norte de Santander hay dos investigaciones importantes, en realidad, muy importantes, que caen dentro de esa modalidad de investigar casi fuera del tiempo. Quizás no sea por voluntad de los investigadores, pero no es fácil encontrar otra razón.

Una de las investigaciones busca establecer la plena responsabilidad de todos los miembros del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), en relación con la designación de Héctor Parra como rector. El Ministerio de Educación pretende que los investigados respondan, con argumentos convincentes, por qué designaron a una persona que presuntamente estaba inhabilitada para ser nombrada en el cargo de rector de la alma mater.

Esta es una investigación tardía, por cuanto comienza exactamente un año después de la designación de Parra por tres años. Con la manera como se investiga en el sector público, fácilmente el término de Parra terminará y no habrá resultados de una investigación en torno de un nombramiento tan duramente cuestionado por varios sectores. ¿Por qué, si tiene tal interés en establecer lo ocurrido, el ministerio no comenzó a investigar cuando surgió la queja inicial sobre la inhabilidad de Parra?

Otra investigación tardía involucra al alcalde y a al menos 13 concejales, y tiene que ver con la cuestionada concesión nada menos que a 30 años, del alumbrado público de Cúcuta, contrato sobre el cual ha habido un océano de comentarios y rumores sobre supuestos actos corruptos, que podrían dejar mal parada a la administración local.

La concesión ya lleva año y medio funcionando, pero las quejas de líderes de la comunidad, en especial sobre deficiencias en la cobertura, por un lado, y sobre la eventualidad de que el servicio sea extendido a poblamientos subnormales, contra la ley, no terminan. Por fortuna, esta vez aún hay tiempo suficiente para que la Procuraduría pueda encontrar la verdad que busca.

De todos modos, que investiguen casos emblemáticos como este, o como el del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que deja atrás a los anteriores en rumores sobre irregularidades, sobre millonarios pagos ilegales a concejales para que lo aprueben, y que se han tomado los corrillos políticos de la ciudad en las últimas semanas, no está mal.

Y hay razones que parecen avalar los rumores sobre, por ejemplo, la ausencia que ya parece definitiva, de la firma que elaboró el POT, por el que está respondiendo el Municipio, a través de Planeación. Si, como dijeron algunas denuncias, el Pot no es más que una copia defectuosa del documento similar de 2001, ¿por qué los órganos de control no han actuado? Ojalá no quede todo para otra investigación tardía…