La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tan cuestionada por quienes no quedaron contentos con el acuerdo de paz con las Farc, dio un paso para dejar sin piso las críticas de quienes lo consideran como un tribunal absolvedor.

Para los territorios, como Norte de Santander y el Catatumbo, que jugaron un papel de trascendencia durante los más de cincuenta años de conflicto armado con esa guerrilla, resulta trascendental que la JEP actúe así.

Esa determinación de imputarles cargos a los miembros del antiguo secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) es un buen mensaje para las víctimas, en particular, para los colombianos y para la comunidad internacional.

Y es evidente que Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, que tenían en su momento el comando de esa fuerza alzada en armas, respondan ante la JEP por sus conductas relacionadas con el secuestro.

Dicha jurisdicción, en un informe de 322 páginas reseñó que desde los años 80 se registraron 21.396 casos de ‘toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, como lo denomina la JEP en el reporte elaborado.

Aparte de la polémica desatada por no llamarle secuestro a ese caso en particular sino por darle la denominación señalada, lo trascendente es que actuando de esa manera la el citado tribunal debilita a quienes desde el momento mismo de la firma del acuerdo de paz empezaron a los ataques y cuestionamientos, por considerar lo allí planteado fue un reinado de la impunidad.

Por ejemplo, es muy diciente que la Sala de Reconocimiento advirtiera en el auto de imputación, las violaciones a la dignidad humana en que incurrió la guerrilla al tener a las personas amarradas con cadenas o no prestarle atención médica a mujeres embarazo, siendo las mujeres y niñas las más afectadas y vulneradas en la guerra. 

En el Derecho Internacional Humanitario se encuentra la toma de rehenes como una de las mayores violaciones en tiempos de conflicto, luego habrá de esperarse su aplicación frente a los hechos por los cuales deberán responder.

Como lo han expuesto instituciones como la Corporación Excelencia en la Justicia, hay que valorar este ejercicio efectuado por la JEP, que además es considerado histórico, puesto que es la primera vez desde la firma del pacto en noviembre de 2016, que el tribunal les señala responsabilidad criminal a los máximos miembros de las Farc.

La que se ha denominado “responsabilidad de mando” deberá llevar al esclarecimiento de muchos de estos dolorosos casos, a la verdad total sobre los mismos y a la reparación, dentro de los cánones señalados en este tipo de procedimientos atados al acuerdo de paz.

Los señalados saben que ante el Tribunal de Paz que los juzgará, bien podrán llegar a recibir penas de hasta 20 años de prisión en caso de ser vencidos en juicio o de no aceptar cargos, con las implicaciones políticas que de allí se deriven.

Ahora las víctimas del secuestro por parte de las Farc tendrán esta oportunidad esperada de que se haga justicia y a la JEP le ha llegado la mejor oportunidad para desmontar el escenario detractor y acusador en su contra y probar que la paz no equivale a impunidad y que no se hizo a costa de la legalidad.