El estigma de una violencia política que en 1948 mató a Jorge Eliécer Gaitán y en 2025 asesinó al senador Miguel Uribe Turbay tiene que ser erradicado porque Colombia no puede seguir en ese ciclo trágico perdiendo a quienes luchan desde el campo de las ideas políticas y el frente programático.

Así como libró batallas en su paso por el Concejo de Bogotá, el Congreso de la República y desde su posición de precandidato presidencial, el joven político también se aferró a la vida durante dos meses, luego del atentado que le provocó heridas mortales.

No podemos seguir matándonos por nuestra forma de pensar. Aquí surgen numerosas consideraciones sobre a quién o quiénes les interesaba que esto ocurriera, o si hace parte de la estrategia del tercer tirador para sacar provecho del agitado ambiente político, o si es que la tensionante polarización desembocó en este ataque, o si fue una operación criminal de los grupos armados ilegales que hoy tienen sumida a Colombia en la inseguridad.

En medio del dolor que este acontecimiento, que nos ha devuelto a la violencia de hace tres décadas, el reclamo es que haya justicia pronta y que al banquillo sean llevados los autores intelectuales para su judicialización y condena.

Seis capturados hay hasta el momento, pero hay que recalcar que la impunidad no es la opción y que debe evitarse a toda costa que ese velo cubra a quienes fueron los determinadores y dieron la orden de activar el gatillo contra el congresista, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Esa es una exigencia de cumplimiento ineludible por parte de las autoridades respectivas, porque desenmascarar a quienes están en las sombras es fundamental para la tranquilidad nacional.

La muerte violenta de Miguel Uribe Turbay entra al trágico álbum de los crímenes contra Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa y Álvaro Gómez Hurtado.

Los colombianos tenemos que dejar de acostumbrarnos a que la violencia escale a tales niveles que lleguen a poner en riesgo la democracia.
Contra las balas y las bombas mediante las cuales quieren sumirnos en la barbarie, la unidad nacional es el escudo más potente para sobreponernos y defender la institucionalidad, rescatar el derecho a la vida y respetar la Constitución Política.

Esta nueva trágica página que acaba de escribirse en la historia colombiana tiene que llevar al Gobierno nacional a buscar un acuerdo, propiciando el diálogo con todas las fuerzas políticas, los gremios económicos y la sociedad en general para ayudar a desactivar el clima de conflictividad.

Pero el presidente Gustavo Petro también debe cumplir –y no solo como un compromiso por salir del paso– con ponerle punto final a la estigmatización y el lenguaje cargado de epítetos peyorativos contra quienes no concuerdan con sus decisiones de gobierno o sus ideas.

La muerte del joven político Uribe Turbay, quien reclamaba seguridad para todos, como hoy la exigen los colombianos, y cero impunidad para alcanzar la paz, como también la pide el país, llama a Colombia a no perder la esperanza y a entender que la sociedad está condenada al fracaso de seguirse perpetrando estos hechos criminales contra quienes piensan diferente.

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