Seis o siete horas después del abominable atentado terrorista del Eln, ya la Fiscalía General de la Nación estaba en la casa de Ricardo Andrés Carvajal, a quien desde entonces acusa de ser parte del complot. La base: una llamada telefónica en la que el hombre se refiere concretamente a que tiene que ver con un carrobomba y que se debe esconder.

La impresionante eficacia de la fiscalía llenó de satisfacción a millones, pese a que no ha podido demostrar que lo que el hombre dijo haya sido en serio, y no una broma estúpida que lo tiene metido en el mayor lío de su vida.

Esa es una fiscalía por la que todos los colombianos ofrecerán su respaldo sin condiciones: eficaz, eficiente, determinada a establecer la verdad, implacable en el combate al delito, imparcial, contundente, en fin, una fiscalía como debe ser.

Pero hay otra, quizás la misma, con otro modo de actuar, que acude a otras prácticas, que no es ni eficiente ni eficaz, que no es transparente, que olvida fácil la determinación de imponer la ley contra el crimen, parcializada, considerada con algunos —mientras más poderosos, más consideraciones otorga—, liderada por un funcionario cuestionado por sus estrechos vínculos con esos poderosos. En fin, la fiscalía que es lo contrario de lo que debe ser.

Después de largos meses de iniciar la investigación a los obscenos sobornos de la multinacional Odebrecht, nada o casi nada ha avanzado, quizás porque en la etapa actual del proceso han salido a relucir apellidos tan notables que, según los testigos —empleados de Odebrecht en Brasil— tuvieron que estar enterados de que se estaban entregando millonarios sobornos en dólares para lograr que Colombia le adjudicara a la firma apetitosos contratos para construir autopistas.

El hecho de que haya un fiscal ad hoc para este caso de corrupción en nada ha contribuido a reavivar la confianza, poca o mucha, que alguna vez tuvieron los ciudadanos en su fiscalía, y que pasó a mejor vida cuando comenzaron a revelarse los vínculos del fiscal Néstor Humberto Martínez con el Grupo Aval, propietario de Corficolombiana, financiera de los proyectos viales.

Si alguna vez la Fiscalía General de la Nación tuvo algún prestigio como uno de los puntales de lucha contra el delito, y concretamente contra la corrupción, se perdió en la enredada maraña de relaciones de Martínez con sus antiguos clientes, hoy en el banquillo que los ciudadanos han montado para juzgar el caso Odebrecht.

Porque nadie entiende que el fiscal se mantenga en su cargo, luego de que se conociera el nivel de relaciones de Martínez con el grupo Aval, y de que supiera, por boca del fallecido Jorge Enrique Pizano, que algo extraño estaba ocurriendo con los fondos invertidos en la Autopista del Sol, y hubiera callado.

Significa esto que, por ese conocimiento, él mismo debería estar sometido a las investigaciones, pues admitió que esas acciones extrañas probablemente eran coimas, es decir, sobornos, lo cual es un delito, pero no los denunció.

Toda esta maraña de informaciones que han salido a la luz pública en estos últimos meses sobre el caso de Odebrecht, han generado gran desconfianza entre los ciudadanos,  y por el bien de esta entidad y del país, sería deseable que los procesos que se siguen en este caso traten de esclarecer rápidamente la verdad y se castigue como corresponde a los responsables de este entuerto.