La migración sigue generando hechos, unos favorables y otros dolorosos. En ese mundo de la movilidad humana, en Colombia se produjo una determinación que resulta benéfica tanto para venezolanos como para ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en el país.

Para ello, el Ministerio del Trabajo y la Presidencia de la República emitieron la circular número 0081, del 9 de julio de 2025, mediante la cual estableció que las personas solicitantes de refugio en Colombia pueden trabajar presentando el salvoconducto de permanencia.

Esta decisión fue considerada como una de las más importantes tomadas en materia migratoria y que contrasta positivamente con las crudas y draconianas medidas antimigratorias adoptadas por gobiernos de otros países.

Debe destacarse que de esta manera Colombia deja sin piso una barrera que era infranqueable para las personas en condición de refugiado  que no tenían derecho a trabajar, incentivando esto la informalidad entre este grupo poblacional. 

Facilitar la integración socioeconómica tiene mucha significación porque les facilita que ingresen al mercado laboral, también equivale a una protección contra la explotación aprovechándose de su condición y reduciendo la vulnerabilidad al facilitarles que el salvoconducto les facilite  la alternativa de tener trabajo.

Como se ha venido planteando, Colombia ha entrado en la dinámica migratoria que se registra en el mundo  y la cual llegó para quedarse, debido a los éxodos generados por razones políticas, económicas, de conflicto armado, persecución u ocasionados por el cambio climático.

En medio de ese nuevo panorama aparece la situación vivida por los venezolanos que desde Estados Unidos fueron enviados a la megacárcel de El Salvador, descrita como un infierno.

Los relatos recogidos por La Opinión mostraron la rudeza de ese calvario al que estuvieron sometidos los migrantes del vecino país, entre ellos  varios del estado Táchira, quienes soportaron momentos muy difíciles y que encajan dentro de la violación a los derechos humanos.

Lo que se está viviendo en el mundo frente a la crisis migratoria debería llamar poderosamente la atención de la comunidad internacional para que se tracen algunos lineamientos mínimos que brinden protección a quienes se vean precisados a salir de sus países de origen y a buscar la opción de rehacer su  vida en otro.

En una conferencia o una gran asamblea internacional es igualmente indispensable plantear que la xenofobia no prime dentro de la aplicación de las medidas para cerrarles las puertas a los migrantes al igual que a las operaciones de expulsión o devolución de aquellos que permanecen en calidad de indocumentados.

Por lo que se está viendo, debería coordinarse la convocatoria a una cita global de gobiernos a nivel de ministros y expertos en cuestiones de migración para abordar todo lo que implica que más de 281 millones de personas hayan migrado y residan en países distintos al suyo.

Entre otros asuntos, se requiere acciones multilaterales para ayudar a que los factores negativos que motivan esos grandes movimientos humanos empiecen a encontrar solución, pasando todo eso por políticas económicas, económicas y sociales que mejoren las condiciones de vida y que haya gobernanza y respeto a la democracia.

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