El informe que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ha presentado sobre la situación de Venezuela, tras su visita a ese país, es estremecedor y debe convocar la atención del mundo entero. 

No solo recoge denuncias y testimonios conmovedores de miles de personas, entidades e instituciones a las que se le han violentado sus derechos fundamentales, sino que presenta una cruda y lapidaria radiografía de lo que hoy es Venezuela: un país fallido y un Estado totalmente erosionado. 

Torturas, asesinatos, crisis económica y sanitaria, desabastecimiento en general, crisis migratoria sin precedentes en América Latina, y la absoluta inacción del Gobierno ante tantas denuncias y reclamos. 

Tras este informe demoledor no debe quedar ya ninguna duda sobre lo que está pasando en el país vecino y las graves consecuencias que seguramente nos van a impactar. 

El informe, que este viernes presentó la expresidenta Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, advierte que “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera los cuatro millones de personas. Denuncia, además, que en el último decenio, el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. En los últimos años, el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional implantando su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. En el informe se señala que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.

“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido muertos en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”, destaca también el informe.

Considera igualmente como grave la situación sanitaria del país: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. La expresidenta Bachelet destaca en su informe que un sacerdote católico se le acercó en Caracas y le dijo: “No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente”. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sean los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho, enfatizó la expresidenta de Chile. 

Los casos documentados por Naciones Unidas sobre el tratamiento a las personas son de una barbaridad demencial que recuerda las peores épocas de las dictaduras más crueles: “En la mayoría de los casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas, además de la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas”, según consigna el informe. Y se queja de que las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos.

Y lo peor del caso, es que no hay solución a la vista.