Al cumplirse por estos días un año del devastador huracán Iota que destruyó el archipiélago de San Andrés, en especial la isla de Providencia, se han intensificado las quejas, reclamos y protestas de todos los sectores por la demora en la reconstrucción y en la ayuda a los familiares de las víctimas y a los damnificados.

El huracán dejó seis mil afectados, causó la muerte a cuatro personas y acabó con casi el 90 por ciento de Providencia. Un año después, el hospital sigue en ruinas, mientras el gobierno anuncia que todavía está trabajando en la fase de los diseños y que el nuevo hospital podría estar terminado en setiembre u octubre del próximo año 2022.

El plan de vivienda que el presidente Iván Duque prometió entregar en 100 días no avanza y muchísimos de los habitantes de la isla siguen viviendo bajo carpas. Como pasa siempre, la improvisación, la falta de planeación y el exceso de trámites y papeleos en las oficinas gubernamentales hacen también su aporte para el sufrimiento y la angustia de los damnificados. 

Nadie entiende cómo si se adoptan planes especiales de emergencia y estados de excepción en las regiones afectadas por desastres como este del huracán Iota, los programas de ayuda y los recursos no fluyen en la forma rápida y expedita que se requiere.

Pero el huracán no solo arrasó con Providencia. También sepultó la actividad turística y económica, golpeada en forma inclemente por la pandemia del coronavirus. 

Claro que no es la primera vez en Colombia que ocurre lo que está pasando con la tragedia de Providencia. En Norte de Santander aún no se terminan las obras de reconstrucción y mitigación que dejó la emergencia invernal de 2010. Como tampoco – once años después – se ha terminado a satisfacción la reconstrucción de Gramalote, 

Pero eso sí, a los contratistas les pagaron los anticipos, otrosíes y adiciones que reclamaron sin ningún pudor, mientras otros promueven y adelantan acciones judiciales contra los departamentos, los municipios y la Nación.

A la larga lista de las obras y proyectos que se iniciaron y nunca terminaron, o avanzan a paso de tortuga, habría que añadirles los famosos “elefantes blancos” sobre los que documentó un informe la Contraloría General de la República.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría está usando la tecnología para cruzar información y georreferenciar estos proyectos en los que se gastaron cuantiosos recursos públicos, pero que se quedaron a medio camino o que no son útiles. Con ese cruce de datos y hasta con una búsqueda satelital, la Diari encontró que en el país hay 1.300 obras que constituyen elefantes blancos, obras abandonadas o en estado crítico, que cuestan más de 20 billones de pesos.

Otro estudio de la Contraloría que evalúa en detalle qué pasó con por lo menos 1.193 obras cuestionadas, que cuestan 8.7 billones de pesos. Encontró que el 15,14 por ciento son elefantes blancos (es decir, son obras inservibles), el 24,45 por ciento obras inconclusas (nunca fueron entregadas), y el 29,19 por ciento son proyectos críticos (tienen preocupantes retrasos de años o décadas).

Dejar las obras a mitad de camino, adelantarlas a paso de tortuga, o dejarlas convertir en “elefantes blancos”, son también formas aberrantes de corrupción.