Prende uno la televisión para ver el noticiero y se encuentra con la sorpresa de otro secuestro en Norte de Santander, como si ya no fueran suficiente el desbordado acontecer de este delito, con al menos 25 secuestrados.

Lee uno La Opinión y sin necesidad de ser experto detecta que en el departamento el derecho a la libertad, la dignidad y la integridad está siendo violentado por quienes lo perpetran.

Sobre esta grave infracción al Derecho Internacional Humanitario,  la comunidad internacional que acompaña los procesos de diálogo con la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc debería trazar una línea roja inamovible frente a ese delito de guerra y de lesa humanidad.

Ese aspecto de las conversaciones hay que dejarlo perfectamente claro, buscando las salidas y alternativas para que de verdad, quienes han dicho que quieren acceder a la ‘Paz Total’, lo hagan, pero acatando las normas y sabedores de que la mano de la justicia los perseguirá siempre.

Es que no se puede hablar de paz y seguir secuestrando, porque esto equivale a que no hay un compromiso real de reconciliación frente a la sociedad civil que es finalmente la que padece en carne propia las hostilidades que nunca se detienen, así se pacten ceses bilaterales del fuego.

Toda la razón le asiste a Ana Milena De la Peña, esposa de Fabián Arias quien hace dos meses cayó en poder del Eln en la provincia de Ocaña, durante su intervención en el Senado de la República.

En la plenaria, ella le dijo a esa guerrilla que “la infamia de este crimen está lacerando la confianza de los colombianos en el deber moral de la paz y deslegitima sus propósitos revolucionarios”. 

Esas palabras muestran la perfecta radiografía de la incredulidad, desconfianza, temor y cansancio frente a los  procesos de paz que siguen dando muestras de debilidades, incumplimientos y múltiples problemas de inseguridad.

Y cuando De la Peña habló del riesgo de que estos caigan en “la indiferencia estatal y mediática”, puso el dedo en la llaga sobre algo que también se advierte en Colombia y es el de una especie de ‘estratificación de las víctimas’, hecho que debe mover al Gobierno Nacional a intervenir para que no quede ni un solo colombiano en manos de los plagiarios.

Los senadores, entre quienes estaban Iván Cepeda y María José Pizarro, que hacen parte de la delegación gubernamental en los diálogos con el Eln, escucharon el clamor de a Yolima Díaz hermana del comerciante Jhon Jairo Díaz, secuestrado en Cúcuta, para que no los dejen solos y que las víctimas de este flagelo vuelvan a casa.

Ahora hay que esperar que las siguientes palabras del senador Cepeda, que debemos guardar, logren eco en la mesa con el Eln: “Nombre por nombre, caso por caso, exigiremos al Eln que ponga en libertad a las personas que tiene actualmente en su poder y que, más allá de eso, renuncien definitivamente a esta práctica”.

En estos momentos le haría muy bien al país que los grupos armados ilegales que han ido a la mesa faciliten un acuerdo verificable, previo al pacto de paz definitivo, en el que prácticas como el secuestro, los desplazamientos y confinamientos de la población civil no se vuelvan a utilizar, como una muestra real y contundente de su compromiso de querer poner fin al conflicto armado.