En los últimos años los colombianos hemos asistidos alarmados a desastres, -unos naturales y otros no tanto –, que han significado el colapso de importantes y ambiciosos proyectos viales y de infraestructura. 

Desastres con saldos lamentables de víctimas humanas y de cuantiosos daños económicos y materiales con grave afectación de nuestras regiones y de sus comunidades. 

En la carretera Bogotá – Villavicencio, que ahora vuelve a ser un asunto de interés y preocupación general, se cayó hace un año un puente antes de terminar su construcción. Hace 35 años – el 28 de junio de 1974 – se registró en esa vía la tragedia de Quebradablanca, también con un altísimo número de víctimas.

El llamado Túnel de la Línea no ha sido posible terminarlo, a pesar de las millonadas que todos los gobiernos le han aprobado en los últimos años. 

Como tampoco se ha logrado avanzar ni terminar la carretera de la Soberanía, vital para el desarrollo y la integración de Norte de Santander y Arauca. 

En Medellín, en Cartagena y en otras ciudades del país se han derrumbado edificios que se construyeron o estaban en proceso de construcción sin la aprobación de las autoridades competentes. 

Es interminable la lista de desastres viales que se registran en Colombia y lo más grave es que los responsables no aparecen ni hay autoridad capaz de localizarlos para darles el digno castigo.   

La Contraloría General de la República hizo una auditoría especial al corredor Bogotá-Villavicencio, y encontró que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público — Privada que quedó con su manejo, administración y operación.

El ente de control advirtió que debido a que no se incluyen estos factores en el contrato, “se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada, lo mismo que los usuarios del corredor”.

Igualmente, se establecieron hallazgos fiscales por más de 2 mil millones de pesos, de los cuales 1.883 millones de pesos corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores, sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento.

El informe también señala que en la estructuración de la nueva concesión se detectó que la atención de sitios críticos o inestables se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial.

Para la Contraloría, la problemática actual del corredor vial Bogotá-Villavicencio “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsables tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor.”

Los más afectados con la situación actual de vía al Llano son las comunidades de Cundinamarca, Boyacá, Meta y demás zonas de influencia, las que no solo han quedado en la ruina y tienen que afrontar los daños y perjuicios, sino que no encuentran atención ni apoyo del Gobierno. 

Con razón, el senador boyacense Jorge Londoño ha dicho que tardar «25 años para construir 86 kilómetros es vergonzoso para la ingeniería colombiana. El problema de los peajes no solo es de la vía al Llano sino del país. Es un tema que hay que discutir. La falta de sensibilidad humana frente a esta situación es asombrosa. Cómo empresas que ganan billones no se conduelen del sufrimiento de los semejantes, qué nos sucede como Estado y sociedad».