Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú tendrán en la Cámara de Representantes un congresista durante los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030, al ser promulgado por el Gobierno Nacional el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 que les dio vida a las curules de paz.

Para Norte de Santander- que tantas heridas ha sufrido por cuenta del conflicto armado- esto significará que las víctimas de una región tan golpeada como el Catatumbo tendrán en dos legislaturas el sexto escaño en esa corporación.

Además, equivaldrá a  “garantizar una mejor integración en zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”, como lo indica el acuerdo de paz firmado con las Farc.

En medio de la euforia que ha causado el hecho de que por fin esta parte tan importante logre cumplirse y obtener también la respectiva bendición de constitucionalidad, lo importante ahora es trabajar en la mecánica de la implementación y en luchar contra la estigmatización y la revictimización.

Es de lógica que las 16 credenciales que se ostentarán por este mecanismo procedan de las áreas donde la severidad de la lucha armada se vivió y aún mantiene su  fragor en diversos lugares de departamentos de Colombia tales como Arauca, Cauca, Caquetá y Antioquia, entre otros, motivo por el cual algunos señalamientos tienden a volverse revictimizantes.

Hay quienes desde sectores políticos aseguran que detrás de esas nuevas credenciales irán los miembros de la antigua guerrilla de las Farc y que las personas que resultaron afectadas por su accionar ni siquiera tendrían la oportunidad de llegar a ostentar las candidaturas.

En ese sentido bueno es mirar dos posiciones para ver cómo está el debate en el país sobre ese asunto. El exministro Guillermo Rivera, quien hizo parte del gabinete del expresidente Juan Manuel Santos ha dicho: “¡Por fin! Después de cuatro años de una intensa lucha judicial entró en vigencia la norma constitucional que crea las curules de paz.  Los colombianos de las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza podrán elegir el próximo 13 de marzo”.

Y en ese mismo instante el presidente Iván Duque alertó: “Ahora lo que tenemos que garantizar es que en la reglamentación esas curules realmente sean para las víctimas y que no haya ninguna rendija para que sean capturadas por los victimarios”.

Sin embargo para que estas advertencias que resultan siendo válidas y que de llegarse a dar pues desdibujarían y echarían por tierra lo que se pretende con esa representatividad provisional, ya hay unos pasos previstos y está pendiente la respectiva reglamentación.

En ese sentido, los candidatos solo pueden ser inscritos por representaciones de las víctimas, organizaciones campesinas, sociales, de mujeres y grupos significativos de ciudadanos.

Los consejos comunitarios, los resguardos y las comunidades indígenas, cuando la circunscripción coincida con territorios étnicos, igualmente tienen la posibilidad de presentar un aspirante.

Frente a la inquietud de los ‘colados’,  hay un punto preciso que señala: “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, incluido el Partido Comunes (antiguamente Farc) no podrán presentar candidatos para esta curul”.

Y mientras las comunidades de localidades como las mencionadas en el Catatumbo ya deberán empezar a trabajar para consolidar la búsqueda de un representante en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional comenzó a preparar la reglamentación de estos escaños, que es indispensable despeje cualquier duda y blinde este proceso que es fundamental para la paz del país y la reivindicación de las víctimas.