Este agitado 2026 tiene marcado para el 8 de marzo las elecciones de Congreso de la República y varias consultas presidenciales, para las cuales hay nubarrones en el horizonte en varias regiones del país asoladas por la violencia.

Norte de Santander, con el Catatumbo, Arauca, el Cauca, Chocó, Nariño, Vichada, Vaupés y La Guajira, se encuentran entre los que más complejidad presentan en materia de orden público.

El Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las Farc, al igual que organizaciones como los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo registran expansión territorial y mayor poderío en combatientes y armamento, constituyendo un riesgo para el desarrollo de la campaña electoral y para los propios comicios.

El país en general espera la forma en que se dispondrá y ejecutará el Plan Democracia para cuidar y garantizar todo lo relacionado con la jornada de marzo y luego las relativas a la primera y segunda vuelta presidencial.

Por lo pronto, hay una válida inquietud de la Federación Nacional de Departamentos sobre las garantías para el desenvolvimiento de las jornadas previstas en el calendario electoral.

En el planteamiento hay un asunto atractivo en el sentido de convocar consejos regionales de seguridad para tratar situaciones muy particulares de cada zona y departamento, con el fin de que sean tenidas en cuenta dentro de las operaciones que se pongan en marcha.

Por ejemplo, es razonable que la cruda guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, que desangra al Catatumbo, requiere medidas y decisiones muy distintas a las de otros sitios del país para garantizar el derecho al voto libre.

Como lo plantea la organización que reúne a los mandatarios departamentales, se necesitan contundentes operaciones de inteligencia para prevenir el constreñimiento, las zonas vedadas y el favorecimiento electoral.

Porque tanto amenazar a la población para que  vote o no lo haga, al igual que impedir la libre presencia de los candidatos, es atentar contra la democracia.

Se refieren los gobernantes regionales a dos situaciones que en estas tierras se volvieron parte del día a día, como son el “control territorial” y el ‘’confinamiento” dentro del hostigamiento a la población civil por parte de los grupos armados ilegales.

Son dos dolores de cabeza a los que debemos agregar el desplazamiento forzado, que para nuestro caso específico en Norte de Santander, podrán llegar a tener incidencia en el debate electoral si la situación actual no cambia.

Destruir el camino constitucional del voto libre por la vía armada y cortarle la opción a los electores de escuchar todas las opciones que ofrece el espectro ideológico político es una acción antidemocrática de las estructuras generadoras de violencia.

Confiemos en que las estrategias de la Fuerza Pública defiendan el derecho de los votantes y que de pronto todas las organizaciones armadas ilegales en medio de sus demenciales incursiones y hostilidades le den un respiro al democrático acto de elegir y ser elegidos y permitan unas elecciones libres y sin violencia.

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