Bandas criminales como Los AK-47 siguen representando un serio problema para la seguridad en el área metropolitana de Cúcuta.

Su impacto con el delito de la extorsión afecta a la economía local puesto que esa presión con el cobro de vacunas se convierte en una rueda que no tiene final y que afecta las finanzas de empresarios y comerciantes.

Ahí se encuentra uno de los factores de debilitamiento del tejido empresarial de la región que a la postre se transforma en una amenaza contra la inversión, la generación de empleo al generar zozobra e inseguridad  permanente.

Constituye, además, la extorsión una mancha sobre la imagen de la capital nortesantandereana puesto que sin duda a potenciales inversionistas les genera preocupación dicha actividad delictiva que, además, en muchas partes del país está alcanzando niveles históricos.

Frente a la banda de Los AK-47 hay inquietudes como aquellas de ¿Quién o quienes les suministran las granadas con las que atacan a los comerciantes? ¿Han investigado las autoridades cómo se nutre ese mercado ilegal de artefactos explosivos? ¿Quiénes están detrás de ese negocio?

Por lo tanto, no se trata solamente de avanzar hacia el debilitamiento y desmantelamiento de esa estructura criminal, sino de abrir líneas de investigación para cortarle esa ruta de suministro del explosivo preferido por ellos para intimidar al igual que golpear simultáneamente a los traficantes de armas.

La ciudadanía espera que las unidades de inteligencia militar y de policía desarrollen las operaciones del caso para atacar ese segmento de los ‘señores de la guerra’ que como traficantes de armamento tienen una alta incidencia en la generación de violencia en Colombia.

Y en cuanto a la forma de actuar de esta organización criminal, lo cierto es que no se puede bajar la guardia y hay que enfrentarla con la Fuerza Pública y justicia colombiana para sacar de las calles a sus miembros y condenarlos por sus delitos.

El apoyo ciudadano con la denuncia y la acción contundente del Ejército y la Policía en la persecución de Los AK-47 y demás grupos del crimen organizado, es una opción efectiva para atacar ese flagelo.

La Fiscalía y los jueces de la República, deben por su parte aplicar el rigor del Código Penal sobre estos delincuentes para que la impunidad no cubra sus crímenes ni el vencimiento de términos les  permita evadir el peso de la ley.

Cúcuta no caerá rendida ante una organización del crimen transnacional que intenta imponer un régimen del terror con métodos  violentos y asesinatos. El control de este territorio fronterizo debe estar a cargo del Estado que está en la obligación de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, como lo ordena la Constitución.

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