La Opinión publicó el pasado domingo un impactante informe sobre los recurrentes robos y asaltos a los colegios e instalaciones educativas públicas de Cúcuta y su área metropolitana, una situación anómala que parece no tener fin, ni siquiera llamar la atención de las autoridades correspondientes a pesar de su tremenda gravedad.

Cada día roban un colegio público en Cúcuta, según los registros y denuncias que llevan las directivas de Asinort, el gremio de los educadores. Esta situación calamitosa no se registra en ninguna otra parte del país y cuesta trabajo creer y aceptar que aquí pase sin prestársele la atención que merece ni procurar su solución definitiva.

Desde hace muchos años se viene denunciando la falta del personal administrativo en los colegios públicos – que incluyen aseadores y vigilantes – por la falta de presupuesto o de los recursos que deben ser asignados por el municipio. En algunos casos, esta tarea la asumen los profesores e inclusive los estudiantes, lo que no debería ser así bajo ninguna circunstancia. 

Es lamentable que a los funcionarios de la Secretaría de Educación y a los concejales de la ciudad no se les haya ocurrido una sola idea para darle una solución a esta problemática. 

Una de las instituciones más golpeadas por los ladrones y malandros es el colegio Rafael Uribe Uribe, en la ciudadela Juan Atalaya, donde al parecer, el mismo ladrón ha robado en al menos 16 ocasiones en lo que va corrido de este año. 

Quince ventiladores, 50 bombillos ahorradores de energía, un DVD, dos ollas de presión, una licuadora, resmas de papel y materiales de enseñanza para 60 niños de preescolar, témperas, papel higiénico, computadores, espejos, cables, televisores, pupitres, y hasta los productos para la alimentación de los estudiantes, hacen parte del inventario de lo que se ha llevado ese ladrón, a quien todo el mundo conoce y denuncia. 

Se le ha capturado en al menos tres ocasiones pero se deja en libertad y vuelve a las andadas, porque su detención no ha sido en flagrancia. Es decir, todos los factores se conjugan en contra del plantel y de sus estudiantes. Las autoridades también han tenido noticias de que el abandono y la falta de vigilancia hacen que algunos de estas instituciones por las noches sean utilizadas como ollas para el consumo y expendio de drogas.

Si las autoridades policiales establecieran y llevaran a cabo un plan de rondas de patrullajes por todos los colegios o por lo menos los que están en las situaciones más críticas, seguramente se podrían neutralizar y contener las acciones delincuenciales. Para estas operaciones de vigilancia y prevención no se necesitan aumentos del pie de fuerza, ni escuadrones élites, ni superagentes de películas. 

Es hora de ponerle la máxima atención a los problemas de inseguridad y desprotección en que se encuentran las instituciones educativas públicas de Cúcuta. Debe tenerse en cuenta que de ellas hacen parte los educadores y los niños y jóvenes que allí se educan. Hay que hacer algo para evitar que siga la impunidad de estos delincuentes.