Saber que cada año mueren unos 14.000 colombianos en accidentes viales y por armas de fuego, es más que preocupante. Realmente, es desconsolador, por cuando las 7.000 víctimas mortales de los accidentes podrían estar vivas si hubiera controles reales a los conductores, y las 7.000 baleadas también, si hubiera control de armas.

Estas son cifras que matan de la angustia, de una realidad que inquieta aún más en la medida en que, por ejemplo, en lo relacionado con el uso de las armas de fuego, el Gobierno ha levantado las barreras para que, a criterio de los militares, las vendan, entreguen y amparen a quién las solicite.

Menos mal —y esto genera alguna tranquilidad— que la guerra con las Farc se terminó. De lo contrario, ¿cuáles serían las cifras de muertos y heridos por esa razón, muertos y heridos que, por la simple mecánica de los conflictos, se traducen siempre en más víctimas?

El Gobierno no puede, por el simple hecho de negar y contradecir al Gobierno que pasó, descartar restricciones como la que impedía en todo el territorio nacional el porte de armas de fuego. Nadie, en las altas esferas del poder, puede olvidarse del criterio generalizado de que un arma se saca para dispararla o no se saca.

El problema, de orden sicológico, es que si alguien anda con un arma de fuego en la pretina o en la mochila o donde sea, es porque piensa usarla en el momento en que le parezca necesario. Y usarla, no nos digamos mentiras, significa dispararle a alguien para matarlo, porque solo excepcionalmente alguien busca solo herir. Si el baleado resulta herido es porque la buena suerte estuvo de su lado.

En relación con las tragedias viales, el Gobierno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para educar a los conductores, y enseñarles que un vehículo es, en realidad, un arma mortal sobre la que, muchas veces, hay menos control de la persona que lo conduce. Una falla mecánica, por falta de mantenimiento, puede ser la causa, incontrolable, de muertos y heridos.

Infortunadamente, tanto en lo relacionado con los accidente viales como con lo referente a las armas, muchos de los muertos y heridos son producto de la corrupción que ha anidado en los organismos del Estado. Hay personas que siguen obteniendo una licencia de manejo sin siquiera saber conducir bien un vehículo, o sin tener buena visión… Y las hay también que van por la calle con armas de fuego no autorizadas, porque sus portadores alimentaron bien una cuenta bancaria o una billetera de un agente oficial.

Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la meta es que no haya una sola víctima de accidentes carreteros, algo en lo que coincidimos todos los colombianos, que también aspiramos a que no haya ni siquiera heridos por armas de fuego. Pero si el Gobierno no contribuye a ello, por el contrario, autoriza las armas, entonces, de verdad es más difícil y todos quedaremos con un sueño frustrado.

Quizás la situación de autorizar armas cambiaría si el Gobierno hiciera más conciencia en torno de una realidad: si tiene que permitir a los civiles usar armas de fuego, es porque no tiene capacidad para garantizar la seguridad de las personas.