Queda suficientemente probado que el recrudecimiento del conflicto armado golpea a las  regiones: en Tibú acaban de asesinar al candidato conservador a la Alcaldía, Bernardo Betancurt, continuando una oleada violenta que golpea a la campaña política donde también murieron los aspirantes Karina García Sierra, de Suárez (Cauca) y Orley García, de Toledo (Antioquia).

Y una muestra más del martirio a que se ven sometidas las comunidades de zonas como el Catatumbo, donde confluyen la guerrilla, las bandas criminales, las disidencias, los carteles del narcotráfico, los traficantes de armas y los contrabandistas, es la impresionante cifra de 72 crímenes ocurridos en lo que va corrido del presente año en el municipio petrolero.

El dato lo entregó la Iglesia católica en este contexto de exacerbación de los hechos violentos, con un ingrediente que debe llamar a la reflexión de la sociedad y a la actuación urgente por parte de las autoridades civiles y militares. “Al obispo como a nosotros nos duele que acá en Tibú estén matando y ninguna autoridad sea capaz de hacer algo para evitarlo…”, fue el desalentador mensaje del sacerdote Víctor Hugo Peña, en una homilía en homenaje al aspirante asesinado.

El reclamo ciudadano a la justicia es que actúe con prontitud, eficacia y eficiencia para develar todo lo sucedido en esta acción homicida, puesto que dolorosos hechos como estos lo único que hacen es profundizar heridas, ocasionar miedo,  generar desconfianza y recrudecer la inseguridad hasta niveles de riesgo general para la población que llega a sentirse desamparada y atrapada en medio de la conflictividad.

En este golpe a la democracia local, el lamentable asesinato produjo el primer impacto que tal vez las fuerzas oscuras interesadas en provocar desestabilización y zozobra estaban esperando, como es la decisión de los restantes aspirantes a la alcaldía tibuyana de suspender las actividades proselitistas hasta tanto les den garantías para visitar las veredas, que es fundamental en su labor proselitista.

Es obligación del Estado que sus ciudadanos tengan garantizada la libre movilidad por todo el territorio nacional y en ese orden de ideas, más allá de los consejos de seguridad y puestos de mando unificado, es indispensable tratar con carácter de urgencia la oleada de violencia contra las elecciones y tomar las medidas que evidentemente garanticen sacar a la campaña política del baño de sangre al que se quiere llevar, como lo han advertido instituciones como la misma Defensoría del Pueblo.

No cabe duda que la Iglesia católica es una institución con alta incidencia social y por eso ha retumbado en el ambiente lo que se escuchó en la misa dominical a la que asistió una parte del pueblo tibuyano, el domingo en la noche: “El asesinato de Bernardo es el ‘florero de Llorente’. Acá no podemos permitir que estos homicidios sigan”.

Se trata de un fuerte mensaje desde el Catatumbo para el Gobierno Nacional, la Policía, el Ejército y la Fiscalía que cuentan con las capacidades constitucionales para el restablecimiento del orden, ejercer el control y desenmascarar a quienes están ejecutando esta serie de crímenes que llevan a plantear que el 27 de octubre los colombianos irán a las urnas en una de las elecciones más perturbadas y ensangrentadas por la violencia. 

Es hora de la reacción social y de reclamar con fuerza que no sigan matando a la democracia ni arrinconando y amenazando a quienes consideran que la paz es el camino. Ya lo hizo ayer la ciudadanía tibuyana que acompañada por el obispo que vistió de negro, para expresar el luto por lo que está sucediendo.