Son 365 días y, contando, de barbarie en el Catatumbo. Comenzaron asesinando a un bebé y tiempo después los ataques dejaron un pueblo fantasma. Ni siquiera Navidad o Año Nuevo se salvaron del fragor guerrerista de los violentos.  

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia de las Farc vulneraron el derecho a la educación de centenares de niños que no han podido volver al estudio y convirtieron en pesadilla el ir a clases de otros miles por culpa del temor a ser reclutados forzosamente y de los campos minados.

En este enfrentamiento bélico sin cuartel entre las dos organizaciones transformó al Catatumbo en una especie de infierno donde la muerte ahora llega del cielo con sus pérfidos drones cargados de explosivos para atacar indiscriminadamente a civiles, miembros de la Fuerza Pública y a los combatientes enemigos.

No debemos olvidar los nombres de Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán y de su hijo de nueve meses, asesinados el 15 de enero de 2025, víctimas de una masacre que  fue como el ‘florero de Llorente’ que  activó esta confrontación.

Al comienzo de esta hostilidad se desató  una crisis humanitaria sin precedentes en materia de desplazamiento de personas. El  desarraigo no ha cesado sino que se ha mantenido con rumbos hacia Ocaña, Cúcuta y Villa del Rosario, hasta donde llegan personas huyendo del incesante conflicto. 

Como lo vemos, muchos significados tiene ese concepto de guerra a muerte, todos ellos criminales, que deben ser contenidos  de manera urgente porque la situación hoy, como hace un año, sigue siendo de características muy graves.

Es que además estas dos agrupaciones quieren demostrar con sus acciones ilegales que tienen un propósito de apoderarse al precio que sea de un territorio estratégico como el Catatumbo que es esencial para Colombia y Norte de Santander.

No se puede bajar la guardia ni descartar ninguna opción que se tenga en la mesa, puesto que si no se le encuentra una salida urgente a este Catatumbo war, la situación tenderá a empeorar cada vez más.

Sobre esto último la prueba demostrativa es el secuestro de cinco agentes de la Policía que permanecen en poder del Eln y en el corte del servicio de gas domiciliario para centenares de usuarios en Tibú por la oleada de inseguridad que persiste en la región.

Las condiciones poco han cambiado y mientras las comunidades reclaman retomar las negociaciones de paz, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que si el Eln no se une a la paz y no abandona territorio venezolano, el Gobierno colombiano avanzará en acciones conjuntas de carácter militar con el vecino país para combatirlo.

Ahora  que se está cumpliendo un año de este drama, sería bueno saber qué piensa y qué opina el Eln de este planteamiento presidencial: “Todo el Eln debe pasar a Colombia y empezar a discutir  zonas de concentración regionales y  planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto… el dueño de los territorios pasa a ser la ciudadanía”.

Lo cierto es que  ni el Eln ni la disidencia ni las bandas criminales ni los narcotraficantes son los ‘amos’ del Catatumbo. Eso debe quedar bien claro porque de lo contrario estaríamos ante situaciones de alto riesgo  para la integridad territorial del país. ¡La guerra debe cesar ya!

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