La Salud Mental, comprendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, se constituye en un derecho fundamental y autónomo, reconocido y protegido por diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta proclama que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”.

Así mismo, el artículo 49 de la Constitución de Colombia, establece claramente que se debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional la adecuada promoción, protección y recuperación. En cumplimiento de los citados instrumentos internacionales y la Carta Política, se promulgó la Ley 1616 de 2013; es la primera norma en el país que aborda de manera integral el tema de la salud mental, reconociéndola como un derecho fundamental y brindando elementos que permitan garantizar su promoción, prevención y atención de los trastornos mentales. Pero como se dice coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho.

Es tremendo y dolorosamente desgarrador el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud mental en las Américas.

Coincide con la alerta de la Defensoría del Pueblo sobre la magnitud y el impacto de esta calamidad en Colombia, agravadas como era previsible con la pandemia del coronavirus que ha azotado en forma implacable todos los sectores de nuestro país.  El 10 por ciento de los adultos en Colombia tienen algún problema mental que requiere atención.

El informe de la Defensoría del Pueblo, a propósito de la conmemoración ayer del Día Mundial de la Salud Mental, es un llamado para que se aseguren los servicios de salud de los pacientes con trastornos en este campo, para que se acaben las barreras en su atención y evitar que sean estigmatizados en el sistema general de salud.

Según la Defensoría, en el 15% de los departamentos no se ha adoptado la política de salud mental. Ante este panorama hizo una serie de recomendaciones para garantizar los servicios que se requieren.

Al Ministerio de Salud le pidió asegurar la disponibilidad con enfoque diferencial de los servicios de salud y para que, en conjunto con las universidades, fortalezca los sistemas de información y la evidencia científica en el ámbito de salud mental.

También le recomendó a las EPS incluir en sus redes de atención los servicios de psiquiatría, psicología y terapias, y al Ministerio del Trabajo incentivar a los profesionales de esas áreas para que trabajen en las zonas rurales.

También, urgió a los actores del sistema de salud a garantizar la continuidad de los servicios de los pacientes con enfermedades mentales, la oportunidad de las citas médicas y la entrega domiciliaria de los tratamientos para mejorar la capacidad de respuesta de los servicios. Este reclamo coincide con el del doctor Rodrigo Córdoba, representante regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría y profesor de la Universidad del Rosario, quien sostiene que a pesar de que existe una política de salud mental y unos recursos para tal fin, ésta no se ha llevado a la práctica completamente. “A  los problemas de oferta de servicios se suma otro factor importante y es el estigma que existe sobre la enfermedad mental, que termina por incrementar el rezago en este tema”, según el doctor Córdoba.

Es hora, pues, de hacer realidad la política pública de salud mental para que no siga siendo un saludo a la bandera.