Noventa mil familias afectadas y más de 4.000 viviendas destruidas en Colombia es el resultado de la fuerte temporada de lluvias que todavía no tiene cuando terminar por el fenómeno climático de La Niña.

Con la tragedia ocurrida en el barrio Doña Nidia, Cúcuta ingresa en este momento a la lista de los territorios afectados por emergencias y riesgos, que hasta octubre era de 747 municipios.

Y para empeorar el panorama, en Norte de Santander tenemos a 26 localidades en estado de calamidad pública, siendo los más afectados Cucutilla, Tibú, Ocaña, Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención, Sardinata, Toledo, Pamplona, Pamplonita, Arboledas, Chinácota, Bochalema y Cúcuta.

Datos preliminares hablan de 440 familias damnificadas, 2.298 viviendas afectadas y 440 tramos viales impactados en puntos críticos. A eso hay que agregarle las por lo menos 27 familias que sufrieron los efectos del deslizamiento en Doña Nidia.

Varias acciones urgentes hay que tomarse, aprovechando  que somos uno de los departamentos más golpeados por la temporada de fuertes lluvias y que el presidente Gustavo Petro declaró el desastre natural por el invierno.

No todo puede quedarse en ofrecer ayudas y paliativos a los afectados, sino tomando decisiones que vayan mucho más allá, para prevenir que en otros sectores y lugares de alto riesgo de la ciudad sucedan hechos con ese tipo de efectos.

Es decir, hay que delimitar esas áreas con potencial riesgo de desastre y proceder a efectuar planes de reubicación -que deben de contar con el apoyo nacional- y posteriormente declararlas inhabitables.

En este caso de Doña Nidia en el que hay familias que se resisten a salir, pese al peligro en que se encuentran por otra remoción en masa, las autoridades municipales deben darles las garantías para que se puedan ir a otro lugar.

Pero después tienen que proceder a evitar el retorno y el repoblamiento, como ha sucedido por ejemplo en áreas de Tucunaré y otros barrios, pese a que la inestabilidad del terreno confirma que no es óptimo para levantar viviendas.

Y es que para el caso del populoso barrio Doña Nidia, hay un recuerdo que debería servir a la Alcaldía para que se amarre los pantalones: en la calle 9 con avenida 11 hubo un deslizamiento de tierra en 2010, cuando se fueron al barranco más de 600 metros de la cuadra y varias viviendas colapsaron; y en la calle 6 con avenida 3, tres familias lo perdieron todo, pero al menos unas cinco familias aún residen allí.

Este es el momento de presentar cuántas personas habitan en esos lugares de riesgo y definir en conjunto con el Ministerio de Vivienda y las agencias de desarrollo internacional un agresivo plan de relocalización de esas familias en planes integrales de vivienda con desarrollo urbanístico y alternativas para emprendimientos  y, a su vez, decretar las zonas desalojadas como no aptas para vivir y sacarlas de cualquier posibilidad de llevarles servicios públicos y notificar que quienes las invadan no tendrán ningún derecho a planes porque son terrenos vedados por su inestabilidad.

Entonces, lo que debe imponerse es la autoridad para salvar la vida haciendo acatar las normas y procediendo de paso a reorganizar ese crecimiento desordenado que ha tenido la ciudad y cuyos efectos dramáticos se hacen palpables con hechos como el sucedido en ese barrio de la ciudadela Juan Atalaya.

Y un dato al cierre. Hace unos cuatro años se expuso que por lo menos 57 barrios que corresponden a unas 669 hectáreas se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad de remoción en masa e inundaciones en la capital nortesantandereana.

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