Cuando estaba en pleno auge y furor la arremetida guerrillera y paramilitar en el Catatumbo y Norte de Santander, que peleaban centímetro a centímetro la potencialidad del territorio, a la población civil le tocó pasarla muy mal como se ha probado en miles de testimonios.
Hoy, muchos residuos de las organizaciones que se desmovilizaron se volvieron bandas y disidencias que están aplicando ese libreto criminal nuevamente, pero esta vez con un interés similar, como es el de apoderarse del negocio del narcotráfico.
Por esa razón han vuelto los recuerdos de dramáticos pasajes en que los campesinos, por ejemplo, quedaban de una vez en la mira de alguno de los grupos armados en contienda, por haberle dado agua o albergue o comida al enemigo, en la gran mayoría de los casos obligados a punta de fusil y contra su voluntad.
Cuántas historias no se tejieron de mujeres asesinadas, desplazadas, estigmatizadas y desaparecidas por presuntamente tener relación familiar, amorosa, comercial o amistosa con soldados, policías, guerrilleros o paramilitares.
Maestros, comerciantes, dueños de billares, carniceros, propietarios o administradores de droguerías también llegaron a perder la vida previas torturas o tuvieron que dejarlo todo, con señalamientos criminales de ser auxiliadores de alguna de las partes involucradas en el conflicto armado.
Tampoco la pasaron muy bien a los que durante la pandemia del coronavirus les hemos dicho héroes, como son los médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud, a quienes atender a un herido perteneciente a uno de los bandos, ya fuera combatiente o simpatizante, o simplemente tratar a alguien aquejado por alguna dolencia, les estaba llegando a costar muy caro, hasta perdiendo la vida.
Esa delicada situación ya se ha saldado con el asesinato de diez mujeres en Tibú, este año, en una oleada criminal sin precedentes contra ellas, en donde se advierte que en algunos de esos casos tienen responsabilidad las disidencias del 33 frente de las Farc, que no se acogieron al proceso de paz con el Estado. Además, otras 20 han tenido que irse del pueblo.
Y en un territorio que también ha padecido la violencia como lo es Puerto Santander, las Autodefensas Gaitanistas asesinaron a un hombre acusándolo de ser del Eln y en el corregimiento cucuteño de Banco de Arena, ocurrió otra muerte violenta cuya víctima fue señalada por esa guerrilla de hacer parte de un grupo armado.
La lectura que surge de esa sucesión de hechos violentos es que en lo que se esperaría hubiese sido el posconflicto, los fantasmas del pasado retornaron para continuar azotando a vastas zonas de Norte de Santander, en donde esos grupos imponen su ley ejerciendo la violenta presión sobre los pobladores.
Queda en el ambiente la inquietud de ¿por qué la conflictividad sigue escalando? si en el Catatumbo se avanza con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y en la zona rural de Cúcuta conectada con esa región se ejecutará un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Entre las situaciones que ocurren es que por ejemplo el 20% de la cocaína que se produce en Colombia sale de Norte de Santander, lo cual constituye una fabulosa y multimillonaria economía ilegal que con sus tentáculos de los cultivos ilícitos ya están en Cúcuta, donde hay 400 hectáreas de hoja de coca.
Desde esa óptica deberían pensarse en mecanismos distintos a la erradicación forzada, porque como se expusiera en un trabajo de La Opinión, en áreas intervenidas se advierten resiembras que equivalen hasta el 25% de la extensión cultivada. Aplicar a cabalidad el punto cuarto del Acuerdo de Paz podría ser la salida.
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