La Corte Constitucional fue la encargada de lanzar una alerta en torno al presente y futuro del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc, desatándose toda clase de consideraciones tanto locales como internacionales, mientras que regiones como Norte de Santander , Arauca y Cesar padecen el recrudecimiento de la violencia.

El alto tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, al decretar el estado de cosas inconstitucional, observó una violación de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz de los más de 13.000 exguerrilleros al reincorporarse a la vida civil.

Sin embargo, desde ya se abrió una gigante y profunda brecha entre el Gobierno Nacional, que pregona y desarrolla la política de la paz con legalidad, y la Corte frente a dicha sentencia.

Así se deduce de lo dicho por el consejero presidencial para la estabilización y consolidación,  Emilio Archila: “No compartimos los criterios que hayan llevado a que se estime que hay un estado de cosas inconstitucional. Hay en este momento 17 entidades que desde hace años están trabajando en la protección de los excombatientes”.

En medio de todas las alteraciones del orden público que se han registrado en los últimos días, entre ellas los ataques a bases militares y puestos de Policía en Norte de Santander y Cesar, que según el gobierno fueron planeados en Venezuela por la guerrilla del Eln, Cuba y Noruega como garantes del acuerdo de paz se pronunciaron sobre lo expuesto por el alto tribunal.

Debemos recordar que el presidente Iván Duque le acaba de enviar un fuerte mensaje al gobierno cubano luego de los hechos sucedidos en la región, cuando le pidió extraditar a los miembros del Eln que se encuentran allá “tomando ron en las playas de La Habana”.

En medio de esa agitación, los garantes comentaron que están conformes al pedido de la Corte Constitucional para que con medidas realmente efectivas se detenga el asesinato de exintegrantes de las Farc y se les garanticen sus derechos.

Pero frente a lo expuesto, desde la esfera gubernamental se dieron a conocer los recursos económicos dispuestos para mejorar la seguridad y protección de quienes hicieron dejación de las armas, luego de firmado el acuerdo de paz.

En ese sentido los datos señalan que el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección de $55.000 millones en los esquemas de seguridad para los desmovilizados subió a más de $250.000 millones este año, pasando de cuidar 600 a más de 1.800 de ellos.

El presidente Iván Duque también habló fuerte, retando a la Corte Constitucional para que tenga en cuenta aspectos como el de los disidentes que se apartaron e incumplieron lo acordado y también dijo que ojalá ese tribunal se refiera en algún momento a la información que han suministrado los excombatientes de las Farc para la reparación de las víctimas, dejando entrever que no ha  sido ni efectiva ni real ni adecuada.

En medio de la complicada y peligrosa situación de orden público, ahora este hecho viene a ensombrecer el panorama y a alejar las posiciones de una parte de los poderes públicos en torno a un asunto de Estado tan importante como es la paz, la cual sigue contando con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU que  ha ratificado su pleno apoyo  a los componentes del sistema integral de verdad: justicia, reparación y no repetición.