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Economía
Salario mínimo 2026: gremios reclaman una negociación técnica y sin decisiones unilaterales
Los gremios recordaron que el ajuste debe ser producto de un diálogo riguroso que considere la inflación, empleo y capacidad de pago de las empresas.
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Colprensa
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Martes, 25 de Noviembre de 2025

La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) reiteró la importancia de que el salario mínimo de 2026 se base en la ley, la evidencia técnica y el deber de una negociación tripartita rigurosa.

La organización coincidió con el Ministerio de Trabajo en que la discusión debe darse con datos verificables y no basarse en presiones coyunturales, recordando que el marco jurídico colombiano exige que el salario mínimo se defina en diálogo entre Gobierno, empleadores y trabajadores, orientado a asegurar una vida digna mientras se protege la producción, la productividad y el empleo.

Dada estas situaciones Aliadas aseguró que no puede ser una decisión unilateral ni mediática, sino un proceso institucional con reglas claras y responsabilidad frente al país.


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“La OIT, mediante el Convenio 131, establece que el salario mínimo debe equilibrar las necesidades de los trabajadores y sus familias como costo de vida, salarios y protección social con factores económicos como productividad, empleo y capacidad de las empresas. Mejorar los ingresos solo es sostenible si también se protege la viabilidad empresarial y el empleo formal”, indicó la organización gremial.

“Un salario “vital y móvil” no implica aumentos desconectados de la realidad económica, sino un equilibrio entre protección del ingreso y estabilidad de variables como inflación, empleo formal, competitividad y sostenibilidad fiscal. Sin empresas viables y un entorno macroeconómico estable, no es posible sostener mejoras reales en el tiempo”, concluyó la organización gremial.

Aliadas pidió a todas las partes involucradas que la discusión se base en un análisis integral que incluya inflación observada y esperada, productividad, crecimiento del PIB, empleo e informalidad, capacidad de pago de las empresas, en especial mipymes, impacto fiscal y efectos sobre inflación futura, tasas de interés y costo del crédito.


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