Un proyecto del Ministerio de Salud, que busca derogar la Resolución 810 de 2021 para implementar un nuevo marco normativo de etiquetado frontal y nutricional, preocupa al sector empresarial.

Para la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), esta inactiva resulta completamente inconveniente para el país por los efectos en imposición de cargas técnicas y económicas que podrían afectar la estabilidad del sector, compuesto por 51.200 empresas, un 98,5 % de ellas micro y medianas.

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De acuerdo con el gremio, se impactaría el sustento de miles de trabajadores que laboran diariamente para garantizar el abastecimiento de los colombianos.

“Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo como este”, afirmó el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes. 

Dijo que es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia, porque no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas, la cual generará costos adicionales innecesarios en la producción y abastecimiento de alimentos.

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Puntos críticos

Según la ANDI, existen varios puntos críticos en este nuevo proyecto: el primero de ellos tiene que ver con la falta de respuesta del Ministerio frente a la petición del gremio de convocar mesas de trabajo para evidenciar el impacto negativo que tendría esta medida y la falta de evidencia y rigor científico para la adopción de la misma.

Camilo Montes recordó que el análisis realizado por la Cámara indica que este proyecto crearía una inestabilidad jurídica y técnica para la industria e implicaría la adopción de un obstáculo técnico para el comercio, para el cual no están debidamente sustentados los requisitos que exigen, tanto la Organización Mundial del Comercio como la Comunidad Andina.

Explicó que el cambio obligaría a rediseñar las etiquetas de la totalidad de los alimentos empacados en el país, forzando trámites masivos ante las entidades regulatorias, como el Invima, e introduce conceptos antitécnicos sobre productos “ultraprocesados”, creando nuevos sellos de advertencia sin la evidencia científica robusta que los respalde. 

El proyecto de resolución aborda varios temas sensibles como: crear una definición que no existe en ninguna regulación del mundo en torno a ultraprocesados; obligar a incluir una ‘advertencia ultraprocesado’ para quienes empleen al menos un aditivo químicos y/o biotecnológicos industriales o cosmético; y se crean los microsellos para empaques pequeños; prohibiendo el uso de códigos QR que incluso está referido en las normas del Codex Alimentarius.

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Además, se cambian reglas visuales para tablas nutricionales, se amplían las restricciones de declaraciones en salud para cualquier alimento que tengas sellos de advertencia y establece una transición de seis meses, una vez publicada en el Diario Oficial, siendo que los cambios son tan de fondo que las empresas tendrán que rehacer la totalidad de sus etiquetas, pedir agotamiento de las mismas y desarrollar los cálculos y realizar el diseño e impresión de las mismas. 

De igual forma, la Cámara calificó las restricciones como desproporcionadas, ya que el proyecto endurece las limitaciones para realizar declaraciones en salud en productos con sellos y endurece reglas visuales para tablas nutricionales y microsellos en empaques pequeños. 

La organización aseguró que el Minsalud decide hacer este cambio, a pesar de que Colombia ya cuenta con un modelo de etiquetado frontal, regulado mediante Resoluciones 810 de 2021, y modificadas recientemente mediante la Resolución 2492 de 2022 y la Resolución 254 de 2023. 

En menos de 3 años de la más reciente modificación pretende derogar este marco normativo y emitir una nueva resolución, sin haber hecho la evaluación expost que requiere la normativa colombiana (Decreto 1074 de 2015 modificado por Decreto 1468 de 2020) y en completa contravía de las buenas prácticas de regulación a las que se comprometió nuestro país con la OCDE y que el Departamento Nacional de Planeación ha consignado en sendas guías.

La ANDI instó al tejido empresarial del sector conformado por empresas de todos los tamaños, pero también a comercializadores, importadores, científicos, académicos, entre otros actores, para que analicen el borrador de resolución publicado por el Ministerio y hagan comentarios directamente al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la afectación que esta medida genera para el país, antes del 6 de mayo, en este link.

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