Los restauranteros aún sienten las consecuencias de la alta inflación que se vivió el año pasado y siguen afectados por los costos en servicios públicos y arriendos, por lo que les preocupa el encarecimiento de la mano de obra que traería la reforma laboral. Eso incentivaría la informalidad.

Este panorama lo describió el presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), Guillermo Henrique Gómez París, quien, en entrevista con La Opinión, afirmó que, cuando prevalece la informalidad, las posibilidades de desarrollo y de crecimiento de la sociedad y de los negocios son mínimas.

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“La formalidad es un modelo de operación que permite una competencia legal en el mercado y que, al interior de las empresas, se construya conocimiento. Es encarecimiento –que plantea la reforma- a partir los recargos nocturnos y de los dominicales es un impacto a la operación muy serio”, agregó Gómez.

Destacó que habría una afectación social, por el rompimiento de dos reglas de juego: 1) prácticamente, se obliga que todo trabajador deba estar sindicalizado, cuando se trata de un derecho al que puede o no optar; y 2) la solidaridad extendida, que hace que un negocio tenga que responder por alguna situación laboral de un trabajador que es parte de la cadena, pero no empleado directo de la empresa.

El líder gremial enfatizó que la reforma que plantea el Gobierno no incentiva la formalización del empleo, pese a que esta tiene buenas intenciones, al ver al trabajo como un derecho. 

“Buscan que el trabajador cuente con todas las garantías. Lo que sucede es que el empleo se genera a partir de las posibilidades de rentabilidad de una empresa. Hay una brecha muy grande entre la concepción del proyecto y la realidad económica, sobre todo en un país de mipyme”.

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El presidente ejecutivo nacional de Acodrés precisó que los costos operativos están creciendo con la entrada en vigencia, en julio del año de 2023, de la reducción paulatina de la jornada laboral de 48 a 42 horas, lo que representa el “encarecimiento de la contratación formal”.

Gómez aseguró que, si a esa norma se le suma la reforma, las empresas tendrían menos posibilidad de generar trabajo, generando que se acabe un número similar de plazas labores al que se perdió durante la pandemia de COVID-19, es decir, 80.000.

Sector crece, ventas caen

El líder gremial sostuvo que Cúcuta ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos años en número de empresarios y en la calidad de su oferta, llegando a superar a ciudades vecinas. Por eso, Norte de Santander es vicepresidente nacional de Acodrés.

“He tenido la oportunidad de venir en anteriores ocasiones y me doy cuenta del avance, especialmente de Cúcuta. Hay unos valores gastronómicos importantes, sobre todo a nivel de Ocaña y Pamplona”, dijo.

Aunque teme que los emprendedores vean la gastronomía solo como una salida a la falta de empleo y, por lo tanto, no se formalicen, lo cual conlleve a “una guerra del centavo, tratando de captar clientes con rebaja de precios”.

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Guillermo Gómez manifestó que la inflación fue su principal desafió el año anterior, cuando muchos se acababan de recuperar de las consecuencias del coronavirus.

“El 2022 fue extraordinario en ventas, hubo un boom de consumo, tal vez como reacción al encierro -aislamiento-, y crecieron 11%. 2023 fue como un freno de mano, que se tradujo en menos consumo. Vimos restaurantes llenos. Vemos que la gente sigue llegando a restaurantes, pero consume menos y eso impacta la operación. La contracción en el consumo hizo que las ventas cayeran 27%”.

Bajar impuesto al consumo

El representante de Acodrés informó que están adelantando un estudio econométrico para poder justificar al Gobierno la necesidad de bajar el impoconsumo, un impuesto que pagan los clientes a los restaurantes que no son franquicia y es de 8%. 

“Estamos proponiendo bajarlo al 4% y que cada año se vaya incrementado en un punto. Necesitamos un alivio que nos permita seguir operando, porque nuestra rentabilidad está muy afectada. De hecho, el peso del impoconsumo es tan grande en este momento en el sector, que ha llevado a que algunas marcas tengan que acudir a la Ley de Reorganización Empresarial o mal llamada ‘Ley de Quiebras’, para quitarse esa carga, lo cual no está bien”.

Guillermo Gómez manifestó que al final pierden las finanzas públicas, porque van a desaparecer recaudadores, porque lo que hacen las empresas gastronómicas es recaudarle dinero al Estado. Resaltó que el año pasado, según el registro de la Superintendencia de Sociedades, unas 620 razones sociales acudieron a esa ley para salvarse.

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Gómez apuntó que la informalidad empresarial en el sector es de 80%, según el DANE, y de 60%, de acuerdo con los indicadores de las cámaras de comercio. 

Aseguró que el empresario ilegal no tiene las herramientas para crecer, por esto, el gremio propende por la formalización, además, porque el 98% de estas organizaciones de la industria son micro y pequeñas.

El dato

El sector gastronómico cuenta con 3.621 empresas formalizadas en Cúcuta y 6.255 a nivel departamental. En Colombia, genera más de 660.000 empleos directos y más de un millón indirectos.

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