Ocho pequeños negocios fueron seleccionados, tras un proceso de convocatoria pública, para ocupar el stand fijo que lanzó la Alcaldía de Cúcuta en el centro comercial Unicentro, los cuales se destacan por su innovación, calidad y compromiso con el crecimiento regional.
El espacio fue gestionado por la Secretaría del Banco del Progreso como un punto de exhibición y venta permanente para productos y servicios creados por esos talentos locales, con el fin fortalecer su desarrollo y brindar mayor visibilidad a los emprendedores.
Lea además: Arroceros de Norte de Santander celebran su día ‘acosados’ por los bancos y en crisis
El Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, con el que el Ministerio de Hacienda aumenta las tarifas de autorretención en la fuente que aplican las empresas sobre sus ingresos y adelanta el cobro de la retención de 2026, tiene a los empresarios y a los expertos tributarios muy preocupados.
El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, indicó a La Opinión que se repite la historia del anticipo de retención en la fuente que hizo el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, recién posesionado el presidente Gustavo Petro, pero esa vez se manejó con absoluta discreción.
Amorocho explicó que esa decisión se tomó para anticipar la retención de la fuente de 2023, porque el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) “venía atropellando la caja” del Estado; esto permitió generar entre $15 y $17 billones.
“La medida anunciada el miércoles es para una selección de empresas, dentro de las cuales se destacan las de hidrocarburos, de ingresos grandes y mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas)”, añadió.
El experto tributario señaló que, con el decreto del ministro Germán Ávila, las empresas que habían planificado su carga tributaria de acuerdo con sus operaciones del año pasado tendrán que establecer un estimativo por el anticipo que se estableció, el cual, aunque el próximo año se devuelva parte de él o no, se cobra ahora.
Lea también: Así quedan las horas extras, recargos nocturnos y dominicales con la reforma laboral
El director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, subrayó que el decreto eleva las tarifas de autorretención y disminuye las cuantías sobre las cuales se empieza a aplicar retención por compras (pasa de 27 UVT a 10 UVT) y por servicios (pasa de 4 UVT a 2 UVT), entre otras, lo cual tiene un efecto en el flujo de caja tanto de las personas como de las empresas sujetas a esta normativa.
“En algunos casos, esta retención anticipada lleva a que las personas paguen más de lo que realmente deben. Quienes terminan con un saldo a favor deben incurrir en procesos adicionales para solicitar su devolución o compensación, o pueden optar por no solicitarla, ya sea por la complejidad del trámite o por temor a una fiscalización”, subrayó Salazar.
Según el economista, el resultado de todo esto es que esos recursos permanecen en las cuentas del Estado sin corresponder a un impuesto efectivamente originado, pues, la causación está en ingresos futuros de los privados.
Otro efecto es que aquellas empresas que optan por la alternativa de obras por impuestos no queden con saldos por impuesto de renta que les permitan ejecutar dichos proyectos, dejando de beneficiar a las comunidades receptoras de tales obras (vías, colegios o dotaciones).
Freno a la economía
El académico Henry Amorocho agregó que el Gobierno espera conseguir, con ese anticipo de la retención, parte de los $12 billones que le faltan al Presupuesto General de la Nación 2025 presentado en el Congreso, “el cual se le rechazó mediante la posibilidad de la denominada Ley de Financiamiento (reforma tributaria), que luego fue definitivamente rechazada”.
“Esta presión fiscal afectará los flujos de inversión y pagos empresariales, frenando la recuperación económica. Por buscar ingresos inmediatos, el Gobierno está comprometiendo la debilitada dinámica productiva del país”, apuntó el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, José Mauricio Salazar.
Recalcó que Petro busca cuadrar las cuentas de 2025, un año en el que se proyectan necesidades adicionales por más de $40 billones, para cumplir con la Regla Fiscal. Según estimaciones del Minhacienda, ese anticipo generaría alrededor de $6.5 billones en recaudo.
Lea aquí: Cúcuta despierta, con miedo: ventas repuntan, pero violencia opaca economía nocturna
Empresarios, inconformes
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Norte de Santander, Sergio Palacios, se suscribió al pronunciamiento de rechazo a la medida por parte de la directiva nacional del gremio, porque perjudica la caja y el capital de trabajo.
Para el líder de Fenalco, el decreto desnaturaliza la figura de la retención en la fuente, que originalmente sirve para controlar el pago de impuestos, y la convierte en un exótico instrumento para solucionar su déficit fiscal; este “acaba con la planeación financiera de cualquier empresario responsable”.
El gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) en la región, Francisco Unda, respaldó la afirmación del presidente de ese gremio en el país, Bruce Mac Master, quien expresó que se obligará a las empresas a endeudarse, porque el cambio en las reglas daña la actividad económica y la inversión.
Unda insistió en que la medida genera mayores incentivos para la informalidad, por la presión financiera que generará en las empresas, y, peor aún, fortalece prácticas como la minería informal. “El Gobierno habla de formalización, apoyo a las pymes y reactivación económica, pero aplican medidas fiscales que asfixian al sector productivo”, concluyó.
Le puede interesar: Gestores de medicamentos adeudan más de $6 billones a la industria farmacéutica
El presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en el departamento, Jairo Pulecio Franco, aseguró que el gobierno saliente de Iván Duque, en 2022, con un presupuesto de $390 billones, pudo financiar el programa Mi casa ya, el Icetex, el sistema de salud, la gasolina a $8.000 el galón, seguridad y proyectos de vías de cuarta generación.
“En 2025 con un presupuesto de $511 billones, sin el subsidio a la gasolina, sin subsidio a la tasa en el Icetex, sin Mi casa ya, sin sostener el sistema de salud, sin megainversiones en vías y sin seguridad, el Gobierno nacional sale a decir que no le alcanza la plata de 2025 y que necesita que le anticipemos la plata de 2026. No se puede ser más irresponsable con las finanzas públicas, con las micros y pequeñas empresas, que las están llevando al ahogamiento total”, recalcó.
Pulecio dijo que pareciera que quisieran generar más caos, más pobreza, más desempleo, en contra vía de más prosperidad. Sostuvo que, el próximo año, el presidente que se elija no tendrá recursos para funcionar porque Petro ya se lo gastó y, posiblemente, deberá tramitar una reforma tributaria.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion