La Asociación Nacional de empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), aseguró que el país se encuentra en la necesidad de comprar gas importado con el objetivo de garantizar la operación del sector energético.
Según la organización gremial, las compras de gas por parte de las empresas comercializadores anunciadas hace algunos días se realizaron dentro del marco regulatorio estipulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Además, la decisión de las empresas obedeció tanto a las dinámicas actuales del mercado, como a la falta de gas en el país.
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Entre los factores que impulsaron a las empresas a incrementar los precios se encuentra la reducción en la producción nacional de gas, la menor disponibilidad de contratos firmes en el último tiempo y que el gas anunciado por Ecopetrol el pasado 6 de febrero no es para este año.
“Según el Balance Energético Nacional y los reportes de Ecopetrol, la producción de gas ha disminuido de 1.100 millones de pies cúbicos por día (MPCD) en 2020 a aproximadamente 900 MPCD en 2025, debido a la declinación natural de los campos y la falta de nuevos desarrollos significativos. En el informe especial del gestor del mercado de gas del 23 de septiembre de 2024 se identificó un faltante promedio de 120.7 GBUTD, equivalente a entre 9% y 12% de toda la demanda”, destacó Andesco.
“En el último proceso de compra de gas, la oferta a largo plazo no fue suficiente para cubrir toda la demanda proyectada. Esto obligó a los comercializadores que necesitaban comprar a recurrir a gas importado, encontrando mayores precios respecto al gas nacional por estar asociado a mercados internacionales de gas natural licuado (GNL)”, añadió la organización.
Frente al anuncio realizado por Ecopetrol, Adesco manifestó que el gas que está siendo entregado en la actualidad a los usuarios fue comprado con anterioridad y los nuevos recursos anunciados por la compañía petrolera se verían reflejado en el mejor de los casos, en junio de 2025.
En atención a la situación actual del sector Andesco instó al Gobierno dejar realizar “señalamientos infundados” y presentar soluciones estructurales, pues la falta de gas pone en riesgo el servicio de más de 37 millones de colombianos.
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