El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, que introduce un mecanismo diferencial de precios para el combustible diésel (ACPM) en Colombia. Se trata de un desmonte que se hará de manera gradual y comenzará en las principales ciudades. Ese desmonte solo está dirigido exclusivamente a vehículos de uso particular, oficial y diplomático, que comenzarán a pagar “un precio más cercano al valor internacional del combustible”.

Según la norma, el objetivo es eliminar subsidios que el Estado considera ineficientes, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y de necesidad de priorizar el gasto social y la inversión en infraestructura, justificó el Ministerio de Energía.

El Ministerio de Energía le confirmó a el medio que la medida se implementará de manera gradual en un término máximo de seis meses y el precio quedará a “paridad de internacional”.

Tenga en cuenta que la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) precisó a este medio de comunicación que los precios todavía no han subido en las estaciones de servicio del país, ya que el Ministerio de Energía debe primero precisar los montos en que subirá el combustible de manera gradual.

No obstante, el gremio indicó que con la implementación del decreto, el aumento sería superior a los $3.000 por galón para igualar el precio internacional.

Eliminación de subsidios focalizada en vehículos particulares

El decreto plantea una eliminación selectiva de los subsidios al diésel. En términos prácticos, los vehículos particulares, oficiales y diplomáticos dejarán de recibir el beneficio que durante años cubrió la diferencia entre el precio internacional y el precio local del Acpm.

Para el Gobierno, mantener ese subsidio para carros particulares “genera ineficiencias” y desvía recursos que podrían destinarse a otros fines. La norma parte de la premisa de que estos usuarios tienen mayor capacidad de asumir el costo real del combustible sin afectar directamente el bienestar general.

Uno de los puntos centrales del decreto es la exclusión explícita del transporte público y de carga. Buses, camiones y demás vehículos destinados al transporte de pasajeros y mercancías no se verán afectados por el ajuste en el precio del Acpm.

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La intención es clara: evitar que el aumento del diésel se traslade al costo de los alimentos, del transporte público o, en general, al costo de vida de los hogares. Con ello, el Gobierno busca contener presiones inflacionarias derivadas del alza en los combustibles.

Aplicación gradual en principales ciudades

La implementación del nuevo esquema no será inmediata ni homogénea en todo el territorio nacional como se mencionó antes. El decreto establece que la medida comenzará en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras.

La razón, según el diseño normativo, es que en estas zonas existe mayor capacidad tecnológica y operativa para controlar, monitorear y diferenciar el consumo de combustible por tipo de vehículo, antes de una eventual expansión a otras regiones.

Por su parte, el presidente de Comce, David Jiménez, advirtió que el gremio pidió en reuniones que la aplicación sea nacional, para evitar distorsiones regionales. “Si se hace por municipios, se generarían diferenciales de precios que llevarían a que los consumidores se desplacen a tanquear donde sea más barato”, señaló.

El líder gremial explicó que el eventual ajuste en el precio del diésel podría afectar de manera directa la rentabilidad de las estaciones, debido a que el margen de comercialización con el que operan se mantiene regulado y no refleja el aumento de los costos reales del negocio.

Según explicó, las estaciones no fijan el precio final del combustible, sino que comercializan un producto terminado bajo un margen definido por el Gobierno Nacional.

Jiménez señaló que uno de los principales problemas del esquema actual es que el margen no incorpora variables clave como el costo del inventario. “Cuando sube el precio del combustible, también sube el valor del inventario que se mantiene en los tanques subterráneos, lo que incrementa el capital de trabajo y el costo financiero de la operación”, explicó. Sin embargo, ese mayor costo no se reconoce en el margen, lo que presiona la rentabilidad de las estaciones en escenarios de precios más altos.

De acuerdo con Jiménez, cerca del 60% del costo operativo por galón en una estación corresponde a mano de obra, por lo que el aumento del salario mínimo del 23,7% tiene un efecto directo sobre las finanzas del sector. Estimó que el ajuste de nómina puede traducirse en un costo adicional cercano a $100 por galón.

Impacto fiscal y alivio al FEPC

El trasfondo fiscal es uno de los ejes del Decreto 1428 de 2025. Con la eliminación del subsidio para ciertos vehículos, el Gobierno espera reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que durante años ha asumido el costo de mantener bajos los precios internos frente a las fluctuaciones internacionales.

El ajuste busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y disminuir el “hueco financiero” acumulado por este mecanismo.

Seis meses para definir la metodología

La norma concede un plazo de seis meses para que las autoridades competentes definan la metodología técnica y operativa del nuevo esquema de cobro. En ese periodo se deberán establecer los criterios, controles y mecanismos que permitan aplicar el precio diferencial de manera efectiva y transparente.

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