Miles de habitantes de Tibú se quedaron sin gas domiciliario, debido a la suspensión del servicio por parte de la empresa Proviservicios, la cual denunció amenazas de sujetos armados que llegaron a sus instalaciones y se identificaron como integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la empresa, el lunes 5 de enero, dos hombres se presentaron en las oficinas y les ordenaron que la atención solo debía darse hasta las 9:30 a.m. de ese día y, posteriormente, cerrar las puertas, lo cual hizo el personal.

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A pesar de la amenaza, los trabajadores en campo continuaron con sus labores, para garantizar la continuidad del servicio.

“Sin embargo, el 6 de enero, se presentaron nuevamente comunicaciones -panfletos- dirigidas a nuestro personal, en las que se prohibió de manera expresa la ejecución de cualquier actividad operativa, impidiendo el desarrollo normal de las labores y haciendo imposible garantizar un operación segura”, informó la gerencia de Proviservicios.

La actuación del grupo armado ilegal, al parecer, obedece al no pago de extorsiones de parte de la empresa.

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La compañía exhortó a los usuarios a mantener la válvula de gas de su vivienda cerrada, mientras se normaliza la situación y pueden retomar sus actividades. Igualmente, reiteró su compromiso con la comunidad y espera la reactivación del servicio “tan pronto se cuente con las garantías de seguridad”.

“Agradecemos la compresión ante esta situación ajena a la voluntad de la empresa”, concluyó Proviservicios.

El gerente de la Seccional Norte de Santander la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Francisco Unda, rechazó lo ocurrido y recordó que el problema de la extorsión lo han denunciado durante los últimos años. 

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“Las disidencias de las Farc dejan a la población de Tibú sin un servicio público esencial. Cuando insistimos en que es necesaria y urgente la recuperación del territorio, no nos referimos únicamente a acciones militares. Nos referimos a que, cada vez más, las condiciones de vida de la población empeoran y a que las empresas en las que trabajan, y que proveen bienes y servicios básicos, enfrentan condiciones cada vez más difíciles, cuando no imposibles, para operar”, apuntó.

Unda expresó que en los últimos meses se detuvo la operación de Ecopetrol. Por eso se preguntó: ¿qué más tiene que suceder para que en Norte de Santander se recupere el control del territorio, funcione el Estado de Derecho y las empresas puedan operar bajo las reglas de la ley?

El representante gremial sostuvo que parece que, después de decretarse dos emergencias y anunciarse una más, este no ha sido un objetivo prioritario del Gobierno.

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