El borrador del proyecto que busca generar cambios en la Ley de Servicios Públicos generó la reacción del Ministerio de Energía y Minas, indicando que avanzan en la construcción de un texto desde el diálogo y la participación ciudadana y que la versión que se han dado a conocer es antigua.

Sin embargo, los prestadores de los servicios de agua, energía, gas y aseo ya analizan las intenciones del Ejecutivo, pues se le daría al presidente de la República la atribución de regular los servicios públicos de forma directa. ¿Es buena o mala esta medida?

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Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez Ortega, la regulación es un tema técnico que debe estar alejada de los vaivenes políticos y de coyuntura. Por eso, no es conveniente que sean regulados directamente por el jefe de Estado.

Indicó que las comisiones de regulación son entidades autónomas, donde el Gobierno tiene una alta representación y están conformadas por expertos sectoriales por periodos fijos que facilitan un esquema técnico.  Sánchez manifestó que les sorprende que en el proyecto quieran aumentar el número de comisionados, cuando ni siquiera han podido nombrar en propiedad los existentes.

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Tarifa baja vs. sostenimiento

En cuanto al régimen tarifario, según el documento, se prohibiría que la tarifa sea un elemento que se incluya a la hora de celebrar contratos mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos. 

Ante ese punto, el presidente de Andesco manifestó que la manera de recuperar la inversión es a través de un esquema tarifario definido por las comisiones. Si no es así, sería imposible acometer inversiones para la expansión de los servicios, operación y mantenimiento, para el tratamiento de las aguas residuales, entre otros factores.

“Una tarifa baja que no recupere costos podrá ser llamativa en poco tiempo, pero haría imposible sostener un servicio en condiciones adecuadas y al final terminaría perjudicando al usuario y a quienes no cuentan con el servicio”, sostuvo Camilo Sánchez.

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El líder gremial recalcó que la inseguridad jurídica está logrando que muchas empresas no quieran estar en el país, porque nadie desea jugar un partido en el que en la mitad del tiempo le cambien las reglas.

El gerente de Aguas Kpital Cúcuta, Hugo Vergel, dijo que uno de los principios básicos del régimen de servicios públicos es su autosostenibilidad, eso significa que las tarifas deben garantizar la recuperación de los costos para la prestación en condiciones de calidad y alcanzar las metas de cobertura. 

Según Vergel, es importante presentar reglas claras que garanticen el retorno de la inversión del contratista y así poder contar con el concurso de oferentes al momento de licitar.

El gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial de EPM, José Miguel González, destacó que las atribuciones que se proponen dar al presidente podrían reemplazar el criterio técnico que ha demostrado ser exitoso en los últimos 30 años.

Riesgo de la inversión 

A la ley se añadiría un parágrafo para que los municipios, con cargo a su presupuesto, puedan asumir la reducción de tarifas. Ante esto, Andesco señaló que hay un déficit crónico presupuestal en los municipios, por lo tanto, es altamente improbable que con recursos de estos territorios se puedan acometer una baja de tarifas.

El gerente general de la empresa de aseo Veolia, Humberto Posada Cifuentes, afirmó que el régimen de los servicios públicos funciona desde hace 30 años y que, si bien podría necesitar algunos cambios, ha demostrado ser independiente y eficiente.

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Recalcó que, en su caso, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRAP) es la responsable de actualizar el marco tarifario. Aseguró que lo que buscaría la nueva ley no es mejorar los subsidios, sino garantizar un acceso a un mínimo vital y que el pago sería dado por el ente territorial. Pero no aclara de donde saldrían los recursos para asumir ese mínimo vital.

Agua de Los Patios y Aqualia, encargadas de los acueductos de Los Patios y Villa del Rosario, informaron que se acogen a las inquietudes de Andesco, considerando que, según el articulado, solo se establecería que es responsabilidad del ente territorial otorgar el servicio, quedándose corto en establecer el origen del dinero necesario para garantizar la prestación.

José Miguel González aseguró que los municipios no cuentan con recursos suficientes para atender las necesidades de inversión y desarrollo, lo cual supondría una mayor carga fiscal para atender los servicios públicos. “Intervenir el modelo actual, cuyo principal éxito es la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas, podría en riesgo la inversión”.

Mientras que Hugo Vergel manifestó que el esquema permite compensar la limitación o insuficiencia económica de ciertos usuarios para asumir las tarifas, bajo los principios constitucionales de solidaridad y redistribución de ingresos, con el otorgamiento de subsidios con recursos del Sistema General de Participaciones y los que aportan los usuarios industriales, comerciales y residenciales de los estratos 5 y 6. 

“Los auxilios para los más necesitados, ya sea a través de subsidios o del mínimo vital, dependen de la voluntad pública y no de las empresas”, concluyó Vergel.

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