En Colombia, la transición energética suele medirse por la velocidad con la que avanzan los nuevos proyectos de energías renovables. Sin embargo, un debate menos visible comienza a tomar fuerza: cómo se cierran estos proyectos y qué impacto dejan en los territorios.
El caso del Parque Eólico Jepirachi, en Uribia (La Guajira), se ha convertido en un referente clave. Tras 25 años de operación, este proyecto —pionero en el país— enfrenta el reto de ser uno de los primeros procesos de desmantelamiento eólico en América Latina, abriendo una discusión inédita sobre el cierre responsable de este tipo de iniciativas.
Lea además: Camacol niega ‘silencio cómplice’ frente a tasas de interés en vivienda en Colombia
Para líderes comunitarios como Viktor Pushaina Epieyu, este momento representa una “prueba de fuego” para la transición energética. Más allá del retiro de infraestructura, el proceso pone en juego la confianza construida durante décadas entre empresas, Estado y comunidades.
Consideró que la experiencia acumulada en el territorio deja una lección clara: la participación comunitaria no puede ser un requisito exclusivo del inicio de los proyectos. Debe mantenerse como un eje transversal hasta su cierre.
A lo largo de los años, iniciativas asociadas a estos proyectos, como plantas desalinizadoras, han enfrentado dificultades para sostenerse en el tiempo, evidenciando la falta de una visión de largo plazo. Este tipo de antecedentes refuerza la necesidad de replantear cómo se diseñan y ejecutan las estrategias de salida.
Le puede interesar: Alarma en Cúcuta y Colombia por nuevo impuesto que afectará la inversión, el empleo y la creación de empresas
Actualmente, el proceso de desmantelamiento de Jepirachi se desarrolla en un escenario complejo. Aunque existen lineamientos institucionales que establecen plazos para el retiro de la infraestructura, las discusiones sobre la “contraentrega” del territorio han generado incertidumbre y tensiones que impactan la confianza en futuros proyectos.
En este contexto, comienza a tomar forma una propuesta clave: así como existe la consulta previa para el inicio de los proyectos, debería existir un mecanismo participativo, claro y vinculante para su cierre. Esto implicaría garantizar una “entrega digna” del territorio, con procesos transparentes de restauración ambiental y gestión de residuos, acompañados por las comunidades.
Lea también: Fenalco pide claridad a la Alcaldía de Cúcuta sobre avalúos catastrales
Más allá del caso puntual, lo que está en juego es el futuro de la transición energética en el país. La forma en que Colombia gestione este primer gran cierre podría definir la viabilidad social de los proyectos que vienen.
Si Colombia logra convertir este proceso en un referente de buenas prácticas, podría enviar una señal contundente a nivel internacional: que la energía limpia no solo se construye al llegar a los territorios, sino también al saber cómo salir de ellos de manera justa y responsable.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
