Ante la crisis humanitaria que vive el Catatumbo, por el desplazamiento de más de 53.000 habitantes tras la guerra que comenzó hace más de 15 días entre el Eln y las disidencias de las Farc, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) trazó un plan con el fin de garantizar la seguridad sobre la propiedad en esa subregión de Norte de Santander, que debe dar resultados en 78 días.

El director de la ANT, Felipe Harman, informó a La Opinión que el programa cuenta con cuatro frentes de acción; el segundo de ellos es que denominaron Fincas de Paz, el cual tiene que ver con un punto polémico que generó uno de los decretos emitidos por el Gobierno en el marco de la Conmoción Interior: el de la expropiación.

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Harman manifestó que tienen la expectativa de adquirir, al menos, 3.000 hectáreas para convertirlas en Fincas para la Paz, para distintas organizaciones sociales.

“¿Vamos a expropiar a dedo y a mansalva, en Norte de Santander, como se ha venido planteando? No, es falso. Estamos arrancando con los trámites de las ofertas voluntarias que se nos han radicado”, expresó.

El director de la ANT dijo que hay distintos bienes extintos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que están en un limbo jurídico por sus acreencias, pues, no ha habido un acuerdo entre la SAE y el despacho que dirige sobre cuál de los dos paga las deudas. Así, esa medida solucionará el problema y saneará el predio.

Otros casos en los que se aplicará son, por ejemplo, cuando el propietario quiera vender el terreno, pero está embargado; o no esté saneada un área catastral. 

Harman recalcó que acuden a Ley 1523 de 2012, bajo la figura de expropiación administrativa, y no a Ley 160 de 1994 o de Reforma Agraria, porque “esa pequeña diferencia de marco jurídico” permite que un procedimiento que dura 220 días se haga en 25 días, debido a que facilita los trámites.

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El funcionario explicó que quieren fortalecer la capacidad organizativa de la región en función de que estas fincas se compren y sean asignadas a organizaciones campesinas, para un doble propósito: el primero es apalancar los procesos productivos (criaderos, escuelas de agroecología, sistemas de cultivos) y el segundo es que, en episodios de confrontación armada, se configuren como albergues provisionales para las comunidades de la zona.

“En estas fincas se va a solicitar el acompañamiento internacional, de toda la cooperación, en función de blindarlas, que sean zonas del Derecho Internacional Humanitario. Que se terminen configurándose en alternativas serias y sólidas para crear un esquema de albergues provisionales”.

Formalización de 1.500 predios

La primera línea de acción es Seguridad para los campesinos del Catatumbo, enfocada en la formalización de la propiedad, porque, según Felipe Harman, “hay muchas personas que aún no pueden volver a sus tierras”. Por eso quieren avanzar en un esquema de titulación rápida y para eso definieron núcleos.

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Indicó que uno de los núcleos de formalización será la provincia de Ocaña, Hacarí, La Playa de Belén y San Calixto; otro será Ábrego y el tercero comprenderá la zona frontera, es decir, Tibú y Sardinata. Cada uno contará con siete profesionales, en un esquema de barrido, y la estrategia tendrá una inversión de alrededor de $3.000 millones.

“Esperamos que ese resultado nos deje, al menos, 1.500 títulos. Es una operación que esperamos sostener durante 6 meses. Si en el terreno hay cultivos ilícitos como la coca, no va a ser un impedimento esto para que iniciemos el trámite de formalización. Lo que vamos a solicitarle de manera respetuosa y oportuna es que en el momento de la expedición del título sea un territorio libre de coca”, añadió.

Subrayó que el 68% de los predios en el Catatumbo son informales y más de la mitad es titulable.

Reserva campesina y asuntos étnicos

El tercer punto es la Zona de Reserva Campesina de Paz y Unión. Felipe Harman añadió que están muy cerca de constituir esa zona y lo que esperan es que no exacerbe más los conflictos. 

“Las zonas de reserva campesina no se crean para expropiar ni tienen nada que ver con las relaciones de propiedad, sino para salvaguardar su tradición y cultura campesina, por lo que requieren un plan de desarrollo sostenible especial a 30 años reconocido y financiado por el Estado. Después de declaradas, podemos desarrollar proyectos productivos”.

El cuarto frente hace referencia a los asuntos étnicos. Allí hay tres compromisos sustanciales con la comunidad Barí. Entonces, van a reactivar la caracterización de la población no étnica en las zonas de influencia, materializar una ampliación en el marco de la jurisdicción del Parque Nacional Barí y a realizar siete mejoras en sus resguardos. La inversión será de $3.000 millones.

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